El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes medidas legales para la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en Internet, que combinarán procedimientos administrativos y judiciales a cargo de los cuales estará un órgano de nueva creación, la Comisión de Propiedad Intelectual.

Finalmente será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que decidirá qué páginas web de las señaladas previamente por la citada Comisión, deben ser cerradas o no.

Estas medidas están incluidas en forma de disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible y con ellas el Ejecutivo pretende enfrentar las descargas ilegales en la Red pero pretenden garantizar los derechos de los usuarios, de forma que para el cierre o bloqueo de acceso a páginas web requerirá una autorización judicial.

Con este sistema, el Gobierno espera dejar tranquilos y satisfechos tanto a la Coalición de Creadores, representantes de la industria cultural que exigen una freno rápido y contundente a la piratería, como a la comunidad internauta, abiertamente indignada ante la posibilidad de que pudieran cerrarse webs y blogs sin orden judicial previa.

El Ministerio de Cultura creará una sala destinada a la Comisión de la Propiedad Intelectual, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio que haya presidido un tribunal importante, algún profesional del mundo de la tecnología, representantes de la comunidad internauta y también representantes de los creadores.

La Comisión se encargará de analizar los casos sobre páginas web que atenten contra los derechos de propiedad intelectual. Si se considera que la ley está llevando a cabo actividades ilícitas, se enviarán dos avisos para que deje de llevarlas a cabo. En caso de que el portal no cese sus actividades, se enviará la denuncia siempre a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Con esto se espera crear una especialización que permita elaborar en poco tiempo una jurisprudencia efectiva.

El Ministro de Justicia ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es bloquear las páginas web que atenten contra los derechos de los creadores. "Se mantiene la Comisión y se le permite recibir quejas de los ciudadeanos, investigar si se producen actos lesivos relacionados con la propiedad intelectual y ponerlos, en primer lugar, en conocimiento del propietario de la página, y posteriormente en conocimiento de un juez que será quien decida si se cierra o no la web", ha explicado Francisco Caamaño Domínguez.

"Se ha escogido el procedimiento más rápido y eficaz. El juez tiene un plazo máximo de cuatro días, una vez recibida la denuncia, para convocar a las partes y resolver el Auto. Con esto se garantiza agilidad, eficacia y máximas garantías", ha añadido.