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El G-14 inmobiliario pide a Salgado un balón de oxígeno contable que revalorice sus activos

MARÍA CUESTA | MADRID

Con la llegada del 2010 no sólo se estrena otro ejercicio económico, también comienza la cuenta atrás para el fin contable del «annus horribilis», especialmente para el sector inmobiliario. A falta de tres meses para la formulación de cuentas de 2009, el grupo de Inmobiliarias por la Excelencia G-14, que agrupa a las principales compañías del sector, ha intensificado sus peticiones al Gobierno para que de vía libre a una nueva norma contable que le permitirá engordar el valor de sus activos, al menos, un 10%.

Según ha podido saber ABC de fuentes del sector, la asociación que preside Pedro Pérez está aprovechando la introducción en la normativa española del concepto de «valor razonable» para demandar al Ministerio de Economía un respiro a las inmobiliarias. En opinión del G-14, dado que la crisis ha afectado de manera especialmente dura al precio de las viviendas y del suelo, el citado «valor razonable» de estos activos no es el actual, sino que se obtendría al sumar un 10% al valor de mercado.

Este plus se justificaría con la capacidad de venta de las compañías del sector, que volvería a recuperarse en un par de años, cuando la crisis haya amainado. La nueva valoración sería, sin duda, un balón de oxígeno vital para el sector inmobiliario y un empujón para sortear los próximos ejercicios, en los que el stock de viviendas sin vender aún será abundante.

En cualquier caso, el poder de dar vía libre o frenar esta propuesta está en manos del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), un organismo adscrito al Ministerio de Economía y último responsable de publicar las normas del Plan General Contable en nuestro país.

Valoración edulcorada

La petición del G-14 viene de lejos. Poco antes de las vacaciones de verano, el propio Pedro Pérez acudió a la CNMV en representación de las inmobiliarias cotizadas para presentar una propuesta contable que, aunque no es exacta a la actual, ya apuntaba en esta misma línea. Se trataba de conseguir el visto bueno del supervisor para aplicar una valoración edulcorada de sus activos al cierre del ejercicio que hubiera elevado, según fuentes del sector, un 30% sus balances.

Sin embargo, el organismo que dirige Julio Segura argumentó entonces que su función es exclusivamente la de supervisar la correcta aplicación de las normas que dicta el ICAC.

Desde entonces, los esfuerzos de las inmobiliarias se han centrado en conseguir que el organismo ponga negro sobre blanco una norma contable que avale dicha valoración de sus activos, para lo que se han dirigido al Ministerio de Economía. Como se ha comentado, el telón de fondo de su demanda ha sido la reforma de la norma española para su armonización con la Unión Europea y que ha supuesto la introducción del «valor razonable», y cuya resolución cuelga de la página web del ICAC con fecha del 21 de diciembre.

Factores en contra

Si bien, y pese a lo inmediato de este criterio, las inmobiliarias no lo tienen aún todo ganado. Por ejemplo, la definición de «valor razonable» que ofrece el Plan General de Contabilidad de 2007 es «el importe por el que puede ser intercambiado un activo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua».

Objetivos de valoración

Esta definición, según reconoce el propio ICAC, «se refiere más a la comparación con operaciones similares en un momento concreto que a transacciones realizadas en alguna fecha anterior o futura». Es decir, que la aplicación de este criterio perseguiría encontrar el precio al que se realizaría una operación en el presente y no al que ocurriría en un futuro, como quiere el G-14.

No obstante, y pese que buena parte del sector inmobiliario se muestra optimista con respecto a la evolución de esta norma, lo cierto es que la pelota está todavía en el tejado del ICAC.


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