El Supremo cree inconstitucional que las privadas den el 5% al cine

Raúl Piña / Luis Martínez | Madrid


Fue una decisión polémica desde el primer momento. Las televisiones privadas mostraron su enfado: no estaban de acuerdo en que, por ley, se las obligara a destinar el 5% de sus ingresos brutos a producir películas españolas y europeas como recoge la llamada ley del cine.

Por esta razón, Uteca, asociación que agrupa a las privadas, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que ahora ha acordado plantear al Tribunal Constitucional "cuestión de inconstitucionalidad" contra el artículo 5.1 de la Ley 25/1994 en su versión modificada por las leyes 22/1999 y 15/2001 y que impone esta obligación.

La decisión, de importante calado en el sector audiovisual español, se conocía un día antes de que la Ley Audiovisual, que recoge esta obligación y aumenta ese porcentaje al 6% en el caso de TVE, se debata en la Comisión Constitucional del Congreso.

En septiembre de 2004, Uteca interponía ante el Supremo un recurso contra el real decreto que desarrollaba la directiva comunitaria que obliga a los estados miembros a proteger la producción europea. Básicamente, la traducción española de esta obligación consistió, y consiste, en que las televisiones tienen que dedicar el 5% de sus ingresos (alrededor de 1.100 millones de euros en los últimos 10 años) a dar trabajo a los productores de cine.

Ahora, el escrito del Supremo, al que ha tenido acceso este diario, entiende que "la imposición por ley a una o a varias empresas del destino obligatorio que han de dar a sus inversiones, con la consiguiente vinculación de una parte de sus recursos propios (un determinado porcentaje de sus ingresos, no de sus beneficios) constituye una restricción de la libertad que les garantiza el artículo 38 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de empresa".

"La restricción", continúa el auto, "es tanto más relevante cuanto que el destino forzoso de las inversiones no corresponde al objeto propio de la actividad (la difusión televisiva) sino a un sector económico diferente (la producción cinematográfica)".

Cierto es que el Supremo admitió el planteamiento de la cuestión prejudicial europea y solicitó su parecer al tribunal europeo con sede en Luxemburgo. Éste, cuyo criterio no es vinculante, respondió el pasado 5 de marzo y dio la razón a los cineastas alegando "motivos culturales de defensa del multilingüismo español", si bien reconocía que el real decreto supone "una restricción a varias libertades fundamentales".

El Supremo también responde a esta sentencia del tribunal europeo y destaca que "los artículos 4 y 5" de la directiva comunitaria (que imponen determinadas obligaciones a la actividad de los operadores de televisión) "no se refieren a dicho supuesto". Esto es, que "la Directiva no ofrece base para obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para la televisión europeas, incluidas las españolas".

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal recoge que "aún cuando la obligación de inversión se haya incluido en una ley [�] por la que se afirma incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva [�] en realidad se trata de una medida legislativa ajena al texto comunitario y en modo alguno impuesta por éste».

Asimismo, considera que es una «obligación que nace de extramuros de las disposiciones que en España regulan la gestión, directa o indirecta, del servicio público de televisión" y que "ni siquiera se exige a todos los operadores televisivos".

El Supremo considera que "no existe una razón imperiosa de interés general que exija de modo coactivo la vinculación forzosa de una parte de los ingresos de los operadores televisivos a las inversiones ya referidas y que revista la fuerza necesaria para imponer a las empresas de aquél sector el sacrificio de su libertad garantizada por el artículo 38 de la Constitución en beneficio de la actividad cinematográfica".

El presidente de los productores de cine, Pedro Pérez, se limita a dejar constancia de que la federación de asociaciones que representa, FAPAE, no ha recibido aún constancia del citado auto. "Por nuestra parte, tranquilidad absoluta. La obligación de ceder el 5% al cine sigue vigente. Confiamos, además, en que el Tribunal Constitucional, igual que antes hizo el tribunal de Luxemburgo, nos dé la razón», concluye.

Iniciado por HayQueHacerAlgoYa

¿Pero estos "sociolistos" han hecho alguna ley que no esté en entredicho o pendiente de tribunales?... que desassstre....

Iniciado por kilovatio

Para ser un buen fanboy cibersorayo o ciberpepiño hay que currarselo más y leer los post con detenimiento, la ley nace en 1994 (PSOE) y es modificada dos veces en 1999 y 2001 por el PP.

Entre todos la mataron......