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Crédito
Por Frederic Bastiat. (Publicado el 8 de diciembre de 2009)

Traducido de la versión en inglés. El artículo original en inglés se encuentra aquí Credit - Frederic Bastiat - Mises Institute.

[De “Lo que se ve y lo que no se ve”, 1850]



Siempre, pero más en especial en los últimos años, se ha intentado extender la riqueza extendiendo el crédito.

Creo que no es exagerado decir que desde la revolución de febrero, las prensas parisinas han emitido más de 10.000 panfletos, reclamando esta solución del problema social.

Pero la única base para esta solución es una ilusión óptica, si es que una ilusión óptica puede calificarse de base para algo.

Lo primero que se hace es confundir dinero con producción, y luego papel moneda con dinero y a partir de estas dos confusiones se pretende que puede crearse una realidad.

En esta cuestión es absolutamente necesario olvidar el dinero, monedas, billetes y otros instrumentos mediante los cuales lo que se produce pasa de mano en mano. Nuestra tarea se realiza con las propias producciones, que son los verdaderos objetos de préstamo, pues cuando un granjero pide prestados cincuenta francos para comprar un arado, no son , realidad, los cincuenta francos lo que se le presta, sino el arado y cuando un comerciante pide prestados 20.000 francos para comprar una casa, no son 20.000 francos lo que tiene, sino la casa. El dinero sólo aparece para facilitar los acuerdos entre las partes.

Pedro puede no estar dispuesto a prestar su arado, pero Santiago puede querer prestar su dinero. ¿Qué hace Guillermo en este caso? Pide dinero a Santiago y con este dinero compra el arado a Pedro.

Pero en realidad nadie pide dinero prestado por el mismo dinero: el dinero es sólo el medio por el cual se obtiene la posesión de productos. Y es imposible que en ningún país se pueda transmitir de una persona a otra más productos de los que contiene el país.

Cualquiera que sea la cantidad de dinero y papel en circulación, la totalidad de los prestatarios no puede recibir más arados, casas, herramientas y suministros de materiales que los que todos los prestamistas puedan facilitar, porque debemos tener cuidado de no olvidar que cada prestatario supone un prestamista y que lo que se pide prestado implica un préstamo.

Dicho esto, ¿qué ventaja suponen las instituciones de crédito? Que facilitan, entre prestamistas y prestatarios, los medios para encontrarse y tratar entre ellos, pero no pueden causar un aumento instantáneo de las cosas a prestar y ser prestadas. Y aún así tendrían que se capaces de hacerlo, si se busca el objetivo de los reformadores, pues éstos aspiran nada menos que a dar arados, casas, herramientas y provisiones a todos los que lo deseen.

¿Y cómo pretenden hacerlo?

Haciendo que el estado garantice el crédito.

Intentemos tratar de entender de qué se trata, pues esto contiene algo que se ve y también algo que no se ve. Debemos intentar ver ambas cosas.

Supongamos que sólo hay un arado en el mundo y que dos granjeros lo solicitan.

Pedro posee el único arado de Francia, Juan y Santiago quieren que se lo presten. Juan, por su honradez, sus propiedades y su buena reputación ofrece seguridad. Inspira confianza, tiene crédito. Santiago inspira poca o ninguna confianza. Naturalmente, Pedro presta su arado a Juan.

Pero ahora interviene el estado, de acuerdo con el plan socialista, y dice a Pedro: “Préstale tu arado a Santiago, yo te aseguro su devolución y esta seguridad será mejor que la de Juan, pues él no ofrece ninguna garantía aparte de sí mismo y yo, aunque es cierto que no tengo nada, dispongo de la fortuna de los contribuyentes y con su dinero, en caso de necesidad, te pagaría el principal y los intereses”. En consecuencia, Pedro presta su arado a Santiago: esto es lo que se ve.

Y los socialistas se frotan las manos y dicen: “Mira que bien ha funcionado nuestro plan. Gracias a la intervención del estado el pobre Santiago tiene un arado. Ya no se verá obligado a cavar la tierra, está en camino para hacer fortuna. Es bueno para él y una mejora para toda la nación”.

En realidad, no es nada de eso: no es una mejora para la nación, pues detrás hay algo que no se ve.

No se ve que el arado está en manos de Santiago sólo porque no está en las de Juan.

No se ve que si Santiago ara en lugar de cavar, Juan se verá obligado a cavar en lugar de arar.

En consecuencia, lo que se consideraba un aumento del préstamo no es sino un desplazamiento del préstamo. Además, no se ve que este desplazamiento implica dos actos de profunda injusticia.

Es una injusticia para Juan, quien después de haberse merecido y obtenido crédito por su honradez y actividad, se ve privado de él.

Es una injusticia para los contribuyentes a quienes se les hace pagar una deuda que no les concierne.

¿Y si alguien dijera que el gobierno ofrezca las mismas facilidades a Juan que a Santiago? Como sólo hay un arado disponible, no pueden prestarse dos. El argumento sostiene en todo caso que, gracias a la intervención del estado, se prestará más que las cosas a prestar, pues el arado representa aquí la totalidad de capitales disponibles.

Es verdad que he reducido la operación a expresión más simple, pero si sometemos a las más complicadas instituciones públicas de crédito a la misma prueba, nos convenceremos de que sólo puede haber un resultado, a saber: desplazar el crédito, no aumentarlo. En un país y un momento dado sólo hay disponible una cierta cantidad de capital y se emplea todo. Al avalar a los morosos, el estado puede, en efecto, aumentar el número de prestatarios y así aumentar el tipo de interés (siempre en perjuicio del contribuyente), pero no tiene poder para incrementar el número de prestamistas y la cifra total de los préstamos.

Sin embargo hay una conclusión que espero que no se sospeche que indico. Digo que la ley no tendría que favorecer artificialmente el poder de pedir prestado, pero no digo que no tendría que restringirlo artificialmente. Si en nuestro sistema de hipotecas o en otro hay obstáculos a la difusión de la aplicación del crédito, dejemos que se libren de él, nada puede ser mejor o más justo que esto. Pero eso es en todo consistente con la libertad y eso es algo que no pedirá ninguno que sea digno de llamarse reformista.

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Frédéric Bastiat fue el gran proto-austrolibertario francés cuyas polémicas y análisis trataron acerca de todos los clichés estatistas. Su intención principal como escritor fue llegar a la gente de la forma más práctica con el mensaje de la urgencia moral y material de la libertad.

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Buen ejemplo. Me recuerda a alguno de los expuestos en La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Extracto uno relacionado con los créditos gubernamentales:

5. EL CRÉDITO ESTATAL PERTURBA LA PRODUCCIÓN
1
La «ayuda» estatal a los negocios resulta tan temible a veces como su hostilidad. En especial, cuando —como a menudo ocurre— el supuesto estímulo adopta la forma de concesión directa de anticipos estatales reintegrables o bien el aval de préstamos privados.

La cuestión relacionada con el crédito estatal adquiere mayor complejidad si se presta la debida atención al hecho de que ineludiblemente implica el riesgo de provocar inflación.

La propuesta de esta naturaleza que con mayor frecuencia se presenta al Congreso se refiere a la concesión de más amplios créditos a los agricultores. A juicio de la mayoría de los miembros del Congreso, los agricultores no disponen nunca de suficiente crédito. E1 proporcionado por las compañías financieras privadas, sociedades de seguros o bancos rurales nunca les parece «adecuado». E1 Congreso descubre siempre sectores no amparados por las instituciones crediticias existentes, a pesar de las muchas que él mismo ha creado. Los agricultores pueden dis frutar de suficiente crédito a largo o corto plazo, pero al parecer escasea el crédito «intermedio», el tipo de intereses es excesivo o bien se formula la queja de que los préstamos privados sólo se conceden a agricultores ricos y sólidamente establecidos. Así, el legislador se dedica a amontonar sin tasa nuevas instituciones y variedades nuevas de préstamos agrícolas.

La confianza en todas estas medidas, como se verá, deriva de un doble espejismo. En primer lugar, el asunto se examina únicamente desde el punto de vista de los agricultores que solicitan crédito. Y aun así y todo, tan sólo se pondera adecuadamente la primera mitad de la transacción.

Ahora bien, cualquier empréstito, a juicio de todo beneficiario honesto, ha de ser, en definitiva, reintegrado. Todo crédito representa una deuda. Las propuestas encaminadas a prodigar los créditos implican, por consiguiente, un volumen mayor de deudas. Si al aludir a los primeros se empleara habitualmente el segundo apelativo, la petición aparecería menos tentadora.

No es necesario analizar ahora los préstamos normales concedidos a los agricultores a través de fuentes privadas. Consisten en hipotecas, aplazamientos en el pago del precio de adquisición de automóviles, frigoríficos, radios, tractores y otra maquinaria agrícola, y en créditos bancarios otorgados al agricultor en tanto recolecta, vende sus productos y
percibe su importe. Nos concretaremos aquí al examen de los créditos concedidos a agricultores, bien directamente por alguna organización estatal o mediante su aval.

Tales anticipos son fundamentalmente de dos clases. Unos permiten al agricultormantener su cosecha fuera del mercado. Existe un tipo de crédito especialmente peligroso, pero será más conveniente considerarlo más tarde, cuando estudiemos los controles gubernamentales sobre las mercancías. Los otros ponen a disposición del agricultor los fondos necesarios para la adquisición de capital, y a menudo incluso le permiten establecerse, capacitándole para comprar una granja, un par de mulas, un tractor
o las tres cosas a un tiempo.

A primera vista, la justificación de tales préstamos puede parecer bien fundada. He aquí una familia pobre, se arguye, que carece de todo medio de vida. Es antieconómico obligarles a vivir de la caridad. Facilitémosles una granja, situémosles en condiciones de comerciar, hagamos de ellos ciudadanos productivos y respetables que contribuyan al incremento de la producción nacional y, finalmente, capaces de cancelar los préstamos
con los productos cosechados. Supongamos a un granjero que por carecer de capital utiliza métodos primitivos de producción y no puede adquirir un tractor. Préstesele ese dinero; al aumentar su productividad podrá reintegrar el anticipo con los beneficios de una mayor cosecha. De este modo, aseguran, no sólo se consigue enriquecer y poner en marcha a un determinado agricultor, sino que al propio tiempo se enriquece la comunidad
como consecuencia del aumento de la producción. Y el préstamo, concluye el
razonamiento, cuesta al Gobierno y a los contribuyentes menos que nada, puesto que es «autoliquidable».

Pues bien, he aquí la función que precisamente ejerce a diario el crédito privado. Si alguien desea comprar una granja y sólo dispone, pongamos por caso, de la mitad o un tercio de su importe, un vecino o la Caja de Ahorros le facilita el resto mediante una hipoteca sobre la misma granja adquirida. Si desea adquirir un tractor, la propia empresa que los construye o una sociedad financiera le facilitará la compra pagando al contado el tercio de su importe y abonando el resto a plazos o con las economías que el propio tractor le ha de proporcionar.

Pero existe una importante diferencia entre los préstamos facilitados por los particulares y los que concede el Gobierno. E1 prestamista privado arriesga sus propios fondos (un banquero, ciertamente, arriesga fondos que otros le han confiado; pero si el dinero se pierde, responde con su propio capital o bien desaparece del mundo de los negocios).

Cuando la gente arriesga su capital suele ser cuidadosa en investigar la adecuación de los bienes ofrecidos en garantía y la capacidad y honestidad del prestatario. Si el Estado operase con arreglo a estas rigurosas normas, no habría razón que justificase su injerencia. ¿Qué utilidad habría en repetir lo que ya realizan las empresas privadas? Ahora bien, el Estado, casi invariablemente, opera sobre supuestos diferentes. La argumentación que justifica su injerencia se basa en que el poder público facilitará anticipos a quienes no lo conseguirían de los prestamistas privados Lo que equivale a
decir que los prestamistas estatales asumirán con el dinero ajeno (del contribuyente) mayores riesgos que los prestamistas privados asumen con el suyo. En efecto, a menudo los apologistas de los primeros reconocen lealmente que el porcentaje de pérdidas ha de ser más elevado en los préstamos del Gobierno que en los privados. Sin embargo, arguyen que tales pérdidas quedará más que compensadas a causa del incremento de la
producción derivado del esfuerzo de los prestatarios que cancelarán sus antic ipos e incluso del de la mayoría de los que no pueden devolver los suyos.

El razonamiento parece convincente si sólo se tiene en cuenta a los que recibieron los fondos estatales, olvidando a aquellos otros a quienes la injerencia del Gobierno privó de la oportunidad de adquirir medios de producción. Porque es de notar que lo realmente prestado no es dinero, mero instrumento de cambio, sino bienes de capital (ya ha sido advertido el lector que se deja para más adelante el análisis de las complicaciones introducidas por una expansión inflacionaria del crédito). Lo que en realidad se presta,
pongamos por caso, es la granja o el tractor. Ahora bien, el número de granjas disponibles es limitado y también lo es la fabricación de tractores (siempre y cuando no haya producción excesiva de tractores a expensas de otras fabricaciones). La granja o tractor que se presta a A no puede prestarse a B. La verdadera cuestión radica, por tanto, en determinar cuál de los dos, A o B, debe obtener la granja.

Ello nos conduce a ponderar los méritos respectivos de A y B y lo que cada uno contribuye o es capaz de contribuir a la producción. Supongamos que es A quien conseguiría la granja, de no haber surgido la injerencia estatal. E1 banquero local o sus vecinos le conocen y no ignoran su pasado. Desean hallar empleo para sus fondos. Saben que es un buen agricultor y un hombre honrado que cumple su palabra. Le consideran digno de crédito. Tal vez ha acumulado ya medios suficientes, a fuerza de trabajo, frugalidad y previsión, para pagar una cuarta parte del precio. Acuden a prestarle el resto y el interesado adquiere la granja.

Hállase muy difundida la extraña creencia, mantenida por todos los arbitristas
monetarios, según la cual el crédito es algo que el banquero otorga. Por el contrario, el crédito es algo que el hombre tiene previa mente adquirido. Goza de crédito porque posee bienes de un valor monetario superior al préstamo que solicita o bien porque sus condiciones personales y su pasado se lo han proporcionado. Lo lleva consigo al Banco y por ello consigue el préstamo; el banquero no entrega dinero a cambio de nada. Se siente seguro de que le será devuelto y no hace sino cambiar una forma más líquida de capital o
crédito por otra menos líquida. A veces se equivoca y entonces no sólo queda perjudicado el propio banquero, sino también toda la comunidad, puesto que no adquieren realidad los valores que el prestatario esperaba producir y se malgastan los recursos disponibles.

Parece lógico, pues, que sea A, que goza de crédito, a quien el banquero concede el préstamo. Pero el Gobierno interfiere la actividad crediticia con espíritu caritativo, porque, como ya vimos, está preocupado por la suerte de B. B no puede obtener ni hipoteca, ni préstamos de carácter privado por no gozar de crédito personal. No dispone de ahorros y su historial como agricultor no es de los más brillantes; tal vez, por el momento, vive del socorro estatal. ¿Por qué —dicen los partidarios del crédito público—
no hacer de él un ciudadano útil y productivo, prestándole lo suficiente para que pueda adquirir una granja, una mula o un tractor?

En algún caso aislado puede que las cosas marchen bien. Pero es evidente que en general las personas seleccionadas con arreglo al criterio oficial ofrecerán riesgos mayores que las que han sido seleccionadas según las normas de las instituciones privadas. Con los préstamos así facilitados se perderá más dinero; habrá un porcentaje mucho más elevado de insolventes; serán menos eficaces y se malgastarán más recursos. Sin embargo, los
beneficiarios del crédito estatal obtendrán sus granjas y tractores a expensas de quienes de otro modo habrían disfrutado del crédito privado. Porque A tiene una granja, B se verá privado de ella. La exclusión de B puede obedecer a diversas causas, todas ellas Íntimamente relacionadas con la actuación del Gobierno: puede haberse provocado una elevación en el tipo de interés como resultado de la injerencia estatal en el campo crediticio o bien un aumento en el precio de la granjas; o sencillamente pudiera ser que la granja adquirida por A fuese la única disponible, por no encontrarse en la comarca, por el
momento, otra en venta. En cualquier caso el crédito gubernamental no ha provocado un incremento de riqueza común, sino todo lo contrario, toda vez que el capital real disponible (consistente en granjas, tractores y otros bienes de producción) ha sido puesto a disposición de los prestatarios menos eficientes en vez de ir a parar a manos de los más capaces y dignos de confianza.

Muy bueno.

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La falacia de la ventana rota de Bastiat, en video:

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