La Generalitat valenciana dispone, a través del Servicio Valenciano de Empleo (Servef), de un programa denominado "salario joven", por el que la Administración autonómica subvenciona a los ayuntamientos la contratación de menores de 30 años sin experiencia laboral. Las entidades locales son las que han de solicitar la implantación del programa y eso es lo que hizo el alcalde de Vall d'Alba y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Así, desde octubre, su hija Andrea trabaja, y lo hará hasta el próximo verano, para el consistorio que preside su padre.

Martínez justificó ayer la contratación alegando que su hija era la única que cumplía con los requisitos para este puesto en el que, además, se exigía la diplomatura en Turismo. El alcalde de Vall d'Alba, hombre de confianza de Carlos Fabra en la Corporación provincial, sostuvo que la contratación de su hija obtuvo el visto bueno del secretario municipal y de los sindicatos. Pese a ello, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fernando Grande, aseguró que exigirá explicaciones en el próximo pleno. Los socialistas también han hecho referencia al código que impulsa el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, que señaló la necesidad de garantizar los principios de mérito y publicidad.

Además, éste no es el único puesto que ocupa la hija del vicepresidente de la Diputación de Castellón, ya que la semana pasada fue nombrada, a instancias del PP, consejera de Bancaja. Tampoco es la primera vez que Francisco Martínez salta a la palestra por una colocación, ya que en la misma Diputación trabaja su sobrina, Silvia Capdevila, como asesora del presidente, Carlos Fabra.

La actuación del alcalde de Vall d'Alba, municipio de apenas 3.000 habitantes, choca con otro de los puntos que propuso Rajoy dentro del código del buen gobierno en todas las administraciones. El líder del PP apostó por un "Ayuntamiento en red", la publicación en la web de las actas de la comisión de gobierno, los decretos de alcaldía, las actas de plenos o los informes de secretaría e intervención. Sin embargo, Martínez, lejos de apostar por esa transparencia que predica su jefe de filas, ha echado mano de los servicios jurídicos de la propia Diputación para impedir que los plenos del consistorio sean grabados. Martínez firmó, como presidente accidental, un decreto en el que se atendía la solicitud de asistencia jurídica para defender al consistorio en un contencioso presentado por el PSPV tras la prohibición del alcalde de grabar los plenos municipales. Su argumento es que esta acción "no aporta nada ni a la gestión municipal ni al interés de los vecinos".

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A mí, como residente en esta singular provincia, no me extraña casi nada de lo que pueda pasar.