José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

En los Acuerdos de Maastricht, la Unión Monetaria Europea (UME) quedó diseñada como un área de estabilidad, a cuyo efecto se establecieran condiciones estrictas para que los Estados miembros pudieran incorporarse a la misma. Por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros se comprometen a conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con ligero superávit, sin embargo admite que, en casos excepcionales y de forma temporal, el objetivo de situaciones próximas al equilibrio, o con superávit, podrá transformarse en déficit, que no debe superar el 3% del PIB. Tal déficit no sería consecuencia de una política fiscal expansiva querida por el Gobierno, sino por la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos.

La crisis financiera que en 2007 se había iniciado en Estados Unidos no existía para el Gobierno en España, y lo mismo sucedió con la crisis de nuestro sector vivienda, cuyos primeros síntomas se iniciaron también en 2007. El Gobierno en un principio la ignoró, después se equivocó en su diagnóstico, considerándola como una crisis de demanda, y el déficit alcanzó a finales de 2008 el 3,8% del PIB. La Comisión consideró que el exceso sobre el 3% de referencia no podía ser considerado excepcional, dado que no se había producido en un contexto de desaceleración económica elevada en ese año, en que la tasa de crecimiento del PIB fue del 1,2%, y no podía ser considerado transitorio dado que el déficit seguiría ampliándose en el transcurso del 2009; el pronóstico se ha cumplido, se estima que alcance el 12% del PIB a finales del corriente año. Es decir, entre 2008 y 2009 el Gobierno ha gastado el 15,8% del PIB por encima del equilibrio presupuestario, sin que haya resuelto ninguno de los problemas estructurales de nuestra economía. En Gobierno, incluimos el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

Más de la mitad de dicho déficit es estructural (Laborda), lo que muestra las dificultades que España va a tener para cumplir la decisión del Consejo Europeo de que a finales de 2012 el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB de dicho año. Hay que tener en cuenta que en este año el crecimiento del PIB va a ser negativo (-4%), para 2010 se estima igualmente negativo (-1%) y para el bienio siguiente el crecimiento será suave, muy por debajo del crecimiento potencial de nuestra economía. El Gobierno ha solicitado un año más, pero aun así no se conseguirá; una sanción del 0,5% del PIB será lo más probable.

La idea básica que se tuvo en cuenta para proponer reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, ha sido que un país que esté en una senda de crecimiento continuo del déficit y de la deuda pública puede crear efectos externos negativos sobre el resto de la UME, bien obligando a otros países a seguir políticas más deflacionistas de optar por estabilizar sus ratios deuda pública/PIB, bien presionando al BCE para que relaje su política monetaria. Las consecuencias de la política fiscal diseñada en el Tratado de la Unión son que la totalidad de los gastos no financieros de los países miembros se cubran con el rendimiento de los impuestos corrientes y sobre el capital, lo que daría lugar a un incremento neto del patrimonio de los entes públicos, dejando que los recursos disponibles del mercado de capitales se dirijan a financiar las inversiones del sector empresarial, y dé un margen para los posibles déficit originados por el envejecimiento de la población.

Los gobiernos de algunos Estados miembros, como España, se han olvidado de efectuar las reformas estructurales para hacer sus economías más flexibles y más competitivas, entre ellas la reforma del gasto público, que le hubiera dado un mayor margen de maniobra para absorber en parte la caída del ciclo. Empíricamente ha quedado demostrado que los fuertes déficit públicos de Japón y sus incrementos de deuda no sirvieron para sacar a su economía durante diez años del encefalograma plano.

Dice el profesor Shiller que los déficit presupuestarios actuales reflejan problemas de largo plazo que no son los que contempla la teoría keynesiana, de modo que las discusiones acerca de los déficit se deberían replantear en términos de problemas intergeneracionales. Como consecuencia de los déficit, la deuda de un país aumenta y traslada la carga financiera a las generaciones futuras, lo que produce un cambio de riqueza de una generación a otra, que los políticos no quieren poner de manifiesto.

¿Cómo es posible que el Gobierno con un déficit previsto para el corriente año del 12% del PIB, haya presentado unos Presupuestos, que en unión de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, vuelva a repetir un déficit del 12% del PIB, según estimación del FMI? Qué va a decir el presidente del Gobierno español, que en el próximo semestre presidirá la Comisión Europea, cuando se hable del tema de estabilidad presupuestaria en Europa, y se exponga la difícil situación española y la falta de medidas para corregirla?

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