La portavoz del CGPJ, Dña. Gabriela Bravo, ha declarado que toda intervención de las comunicaciones telefónicas que se realiza en España ha estado, está y estará previamente autorizada por un Juez, además de fundamentada y justificada por una resolución judicial. “No me consta denuncia en otro sentido” ha añadido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces. Según explicó ésta, el CGPJ ya emitió un informe el año 2.004 sobre el Sistema Integral de Interceptación de las
Telecomunicaciones en el que pidió que en todo momento fuera la autoridad judicial la que controlara las intervenciones, así como que no hubiera indefinición en cuanto quien tenía que hacerlo. Como contrapunto, el vicesecretario de comunicación del PP, D. Esteban González Pons, acusó al Ministro del Interior de ser el responsable de que la española “sea una sociedad vigilada” por el empleo del sistema SITEL, que fue contratado por el gobierno del PP. Como de costumbre, la voz de los partidos políticos y sus representantes en el CGPJ no son para nada tranquilizadoras para la salvaguarda de los elementales derechos ciudadanos. La situación no es nueva, recordemos las escuchas “aleatorias” del CESID dirigido por D. Emilio Alonso Manglano que espió también “aleatoriamente” a ciudadanos tan anónimos como el rey, Ruiz Mateos, Pablo Castellano, Pedro J. Ramírez, o el propio García-Trevijano.

El principio de excepcionalidad en la intervención de las comunicaciones privadas por orden judicial, precisa de una autorización concreta de un juez determinado responsable de la interceptación con finalidad persecutoria de una actividad criminal específica que indiciariamente se esté produciendo, y durante un tiempo prefijado, con observancia de un control o seguimiento regular durante su ejecución. Ello no es posible con el sistema SITEL, cuya verificación judicial prevista en su regulación legal y protocolos de funcionamiento se establece a través de un control genérico y centralizado sobre el funcionamiento global del sistema mediante una autoridad judicial despersonalizada y difusamente establecida, efectuando revisiones periódicas del funcionamiento del programa, sin entrar a analizar cada una de sus operaciones de forma particularizada. Si a la Sra. Bravo le basta, desde luego a este Diario no, constando peligrosos antecedentes que tan fácilmente olvida y que han de poner en alerta incluso al menos garantista de los juristas. Si encima son Garzón y los suyos los que deben controlar al “Gran Hermano”, la cosa es para echarse a temblar.


Acratas

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