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El Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió (CiU) preparan un mordisco a la recaudación fiscal que puede tener dimensiones considerables a tenor del fuerte crecimiento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en el último año, debido a la recesión.

Ambos partidos han presentado sendas enmiendas al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento del Empleo, que aprobó el Gobierno el pasado 6 de marzo, que tienen el mismo objetivo: ampliar hasta una cuantía salarial de 45 días por año de trabajo, la parte de la indemnización que reciba el trabajador despedido por la empresa dentro de un expediente de regulación de empleo o extinción colectiva del contrato. Es decir, la misma ventaja fiscal que tiene un trabajador despedido de forma improcedente en una decisión individual.

Hasta este momento, la compensación que recibe el empleado inmerso en un expediente de regulación de empleo corresponde a un despido objetivo, con una indemnización de veinte días por año de trabajo, que está exenta de tributar a Hacienda. Toda la remuneración que sobrepase ese plazo, lo que se da con mucha frecuencia, tiene que pagar al Fisco.

Por lo tanto, como explica Carles Campuzano, portavoz de Política Social de CiU en el Congreso de los Diputados, la situación legal de estos trabajadores en esta situación es "claramente discriminatoria" respecto a la de un empleado que es despedido de forma improcedente fuera de un expediente de regulación de empleo, porque la indemnización legal puede elevarse hasta los 45 días por año, además de tener exención fiscal.

Incluso, dentro del mismo ERE puede haber algún trabajador que, disconforme con las condiciones, vaya ante el juez, éste le dé la razón y, por lo tanto, obtenga mejores condiciones que quienes si aceptaron el expediente.

Para corregir esa discriminación, el PP y CiU han presentado las enmiendas al citado proyecto de ley que tienen "muchas posibilidades de salir adelante", según reconocieron las fuentes del Grupo Parlamentario Socialista consultadas por EXPANSIÓN.

Este hecho se debe a la debilidad parlamentaria del Gobierno y a que, con toda seguridad, Izquierda Unida, BNG y ERC apoyarán las enmiendas.

Hay que recordar que ésta fue una propuesta de los sindicatos en el proceso de diálogo social que se interrumpió en julio.

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El Gobierno no aceptó la idea porque fue rechazada por Hacienda, aunque, en realidad, no hay ninguna estadística precisa que pueda aportar datos. Todo lo más, las diferentes fuentes consultadas por EXPANSIÓN trazan una horquilla de entre 40 y 50 días respecto a la cuantía de la indemnización media contenida en los Expedientes de Regulación de Empleo.

Sin embargo, una idea del problema que puede tener Hacienda, en estos momentos, es que entre enero y agosto los trabajadores afectados por regulaciones de empleo fueron 419.968, lo que significa un crecimiento del 911% respecto al mismo periodo del año pasado.

El portavoz del PP, José Ignacio Echániz, explica que "lo que no tiene sentido es que el Gobierno diga que no quiere abaratar el despido mientras se lleva una parte sustancial de la indemnización del trabajador en las regulaciones de empleo".

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