La política suele ser dada a frases hechas y lugares comunes. La crisis ha descorrido un oscuro velo y ahora todos los gobiernos ven con más claridad que para vadear la recesión hay que administrar con más “austeridad” los recursos públicos.

Pero el camino andado hasta ahora por el Estado y las comunidades ha estado marcado por un incremento desbordante de sus gastos.

Desde 2005 a 2009, la factura en operaciones corrientes de las autonomías ha engordado un 88,14%. Es decir, 39.299 millones de euros de más, hasta los 142.336 millones. Entre las principales obligaciones, 55.330 millones se destinan a pagar las nóminas de los funcionarios, un 43% más que en 2005; y 28.927 millones a los gastos corrientes en bienes y servicios, un 86% más que hace cuatro años. En el mismo periodo el total de ingresos no financieros de las comunidades avanzó bastante menos, un 30,7%, según datos del Instituto de Estudios Fiscales –órgano adscrito al Ministerio de Economía–.

Los gobiernos autonómicos han aprovechado los años de bonanza para consolidar sus estructuras de poder, una vez completada la última gran descentralización de servicios públicos en 2003 (la sanidad y la educación). Pero este festín de gastos resulta difícil de digerir ahora. La vivienda y el consumo, generosas fuentes de ingresos fiscales (en impuestos como el IVA, IRPF, Patrimonio, AJD, entre otros), quizá no vuelvan nunca a tener un comportamiento tan feroz como el reciente. Un hecho que pone en entredicho la sostenibilidad del sector público regional.

En cualquier caso, el Estado no ha obrado de manera distinta a las comunidades. Sólo su gasto de personas ha repuntado en 8.466 millones entre 2005 y 2010. Esta evolución deja ridídulos los 10.900 millones que el Gobierno espera recaudar con la subida de impuestos.

Deuda y negociación
La presión política al Gobierno ha sido el arma más eficaz de las comunidades para incrementar sus recursos. Así ocurrió en 1993 con Felipe González, en 1996 y 2001 con José María Aznar y ahora, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nuevo modelo de financiación plantea mejorar la autonomía financiera de las comunidades (esto es, su capacidad para generar recursos propios) y, además, compromete el pago de 11.000 millones de euros extra por parte del Estado para compensar desequilibrios pasados.

Pero está claro que los desequilibrios no han llegado sólo de la parte de los ingresos, sino del desbordante avance de los gastos. No obstante, mientras la negociación política con el Gobierno central ha funcionado, los ejecutivos regionales han salvado el mal trago de pedir más impuestos a los contribuyentes (votantes cada cuatro años) y justificar en qué se gastan el dinero.

El modelo de financiación territorial ha demostrado defectos. Aunque no ha cortado ni mucho menos el grifo de transferencias del Estado hacia las comunidades y ayuntamientos. Desde 2005, han crecido en 70.860 millones de euros, hasta los 233.377, según datos de Hacienda.

Las claves
· Economía pública vs. actividad privada
Uno de cada tres euros del PIB extremeño lo generan de forma directa las cuentas públicas. Ésta encabeza junto a Castilla-La Mancha (24%), Navarra (22,2%) y Andalucía (20%), el ránking de regiones donde la intervención pública tiene más peso en la economía. En el lado opuesto, los presupuestos autonómicos sólo representa el 9% del PIB madrileño; y el 10% en el caso de Baleares, según datos del Instituto de Estudios Fiscales.

· ¿De dónde sale el dinero?
Los gobiernos autonómicos gestionan un volumen importante de recursos que no siempre se generan en la propia comunidad. Por ejemplo, en Extremadura, un 50% provienen del los fondos de solidaridad del Estado y otro 20% de las arcas europeas. Andalucía, Canarias y Galicia también reciben más del 60% de sus ingresos del Estado y la UE. En el otro extremo, Madrid produce con su recaudación de impuestos el 88,5% del presupuesto; Baleares, el 82%; Cataluña, el 66%; y C. Valenciana, el 63%.

· Casos peculiares
La Generalitat catalana es la que soporta un mayor gasto en alta dirección de Gobierno, 114 millones de euros, y en Administración General, 1.813 millones. Una comunidad más extensa y poblada como Andalucía utiliza para ambos capítulos 245 millones. La Comunidad Valenciana es la que más recursos del total, un 38,5%, destina a Sanidad; y también lidera el gasto proporcional en educación, un 29,3%. Madrid es la región que más fondos de sus cuentas utiliza para pagar las deuda pública, un 5,7%.


Expansión.com

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Up up up

¿ Veremos ya dentro de poco como se devuelven competencias transferidad al Gobierno central por incapacidad de gestionarlas las autonomías?

falta mucho para ver lo peor.
mientras ZP siga derrochando en ayudas tendran para pagar. ya les llegara la hora ya, y la ostia sera peor

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esto es lo peor:

http://www.elcorreodigital.com/vizca...-20091026.html

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La cosa es mucho más grave de lo que parece porque ni siquiera son reales las cifras consolidadas de gasto de las AAPP por capítulos. Y es que lo gordo en cualquier presupuesto autonómico de gasto son las "transferencias corrientes" a entes parapúblicos fuera de todo control que a su vez gastan ese dinero en más nóminas y compras. Quitando unos 12-15.000m en inversiones, el resto hasta los €160.000M del consolidado de gasto de als autonomías es todo consumo y nóminas, mucho de él fuera de todo control, esto es lo grave.
Si España sale de este pozo una de las claves ha de ser la instauración de un durísimo sistema de controles en cadena con pública exposición de todos los datos para cualquier gasto desde la compra de papelería por parte de un Ayuntamiento a los exámenes de cualquier proceso de oposición (y hay que acabar con toda la discrecionalidad en los concursos). Es esto o la ruina absoluta.

Las CCAA y ayuntamientos tendrán que ajustar la partida de gastos si o si. La epoca de vacas gordas no volveran nunca mas y no pueden seguir encadenando los deficit que estan encadenando actualmente.