El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el decreto de 2005 del Ayuntamiento de Madrid por el que el Gobierno municipal incrementó en un 50% el importe de las multas de tráfico.

Así lo ha informado este jueves en una nota la asociación de defensa de los conductores Dvuelta que en enero de 2006 interpuso un recurso contra el conocido "multazo" que establecía subidas superiores al 50% en la mayoría de las sanciones de circulación.

La sentencia del TSJM, de 18 de junio de 2009 y que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, estima este recurso y declara que el Decreto municipal de 2 de noviembre de 2005 "vulnera el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad".

"Ejecución inmediata"

La asociación de defensa de los conductores Dvuelta pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la "ejecución inmediata" de la sentencia de este órgano judicial. Tras conocer que el Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo, esta asociación ha decidido instar al TSJM a que haga cumplir su decisión "con el fin de que se respete la Ley de Tráfico estatal".


El presidente de Dvuelta, Germán Rodríguez, ha explicado que el principal motivo por el que el TSJM anula el decreto dictado por el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón en 2005 es porque "vulnera" la Ley de Tráfico estatal, al establecer un importe fijo para cada tipo de sanción sin tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

La sanción más elevada

De este modo, por ejemplo, el Ayuntamiento estableció que una infracción grave como aparcar en doble fila, que la Ley de Tráfico multa con entre 90 y 300 euros dependiendo de la situación, sería sancionada siempre con la cuantía más elevada, es decir, 300 euros en todos los casos independientemente de su gravedad.

"Y no es lo mismo aparcar en doble fila bloqueando el paso de una ambulancia que aparcar en doble fila en un barrio a las afueras donde no molestas a nadie", ha indicado Rodríguez.

El Ayuntamiento de Madrid "no entiende de condicionantes en su decreto y directamente multa con la infracción más alta sea cual sea la situación", ha detallado el presidente de esta asociación, quien está convencido de que el objetivo del recién anulado decreto municipal "es meramente recaudatorio".

Como ejemplo de ello, Rodríguez ha dado los datos de cuanto ha recaudado el Ayuntamiento de Madrid en concepto de multas desde que entró en vigor su nueva regulación: de los 95 millones de euros que entraron a las arcas municipales en 2005 por este concepto se ha pasado a los 200 millones en 2008 y a los 270 millones en 2009 (según se prevé en los presupuestos de este año).

711 millones de euros

Según datos de esta asociación, el Ayuntamiento ha multiplicado por 12 su recaudación desde que entró en vigor este decreto el 1 de enero de 2006 y ha ingresado 711 millones de euros en multas de tráfico, por lo que "resultaría hasta gracioso, si no fuese tan sórdido, que el Ayuntamiento diga que incrementa las multas por seguridad".

Los portavoces de Dvuelta han recordado que con la decisión del TSJM, las millones de multa que se encuentran en trámite pueden ser recurridas ya con un fundamento jurídico de primer orden: "la anulación del decreto municipal".

Quien haya pagado sus multas y no las haya recurrido no tendrán posibilidad de recuperar el dinero "injustamente cobrado", ha concluido esta asociación.

Una sentencia judicial declara "nula" la ampliación de los parquímetros a siete distritos madrileños.
La decisión permite que se reclamen las multas y tiques del SER.
El Ayuntamiento habría recaudado unos 382 millones en multas.

El quebradero de cabeza de Amador Campa tiene los días contados. Este dueño de un taller de reparaciones de automóviles del barrio del Pilar (Fuencarral) debe al Consistorio madrileño más de 120.000 euros por multas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), pero ya no tendrá que seguir recurriéndolas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de ratificar la sentencia de septiembre de 2008 que declaraba "nula" la ampliación de los parquímetros realizada en 2006 a siete distritos de la capital. Por eso, los colectivos vecinales antiparquímetros animan ahora a reclamar al Ayuntamiento de Madrid los importes cobrados en concepto de tarjetas de residentes, multas y tiques del SER.

Formulario para reclamar

Desde marzo de 2006, un millón de madrileños (entre residentes y población flotante) de Arganzuela, Retiro, Chamartín, Tetuán, Fuencarral, Hortaleza y Carabanchel vieron como sus barrios se llenaban de parquímetros y ellos empezaban a pagar por poder aparcar.

Desde entonces y hasta diciembre de 2008 (fecha en el que la ampliación del SER se aprueba en pleno tras la sentencia que la anulaba por un defecto de forma), el Ayuntamiento de Madrid se habría embolsado alrededor de 382 millones de euros procedentes de las multas del SER (cerca de 100 millones por año en las zonas ampliadas), los tiques (25 millones anuales) y las tarjetas de residentes (algo más de dos millones anuales) que muchos vecinos solicitaron.

Tras la sentencia judicial, los colectivos antiparquímetros preparan ya un formulario tipo que todo el mundo podrá descargarse de la web www.parquimetrosfuera.org y con el que acudir a las oficinas municipales de registro y a las Juntas de Distrito a reclamar las devoluciones.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que el defecto de forma "ya está resuelto" y que sólo devolverá las multas recurridas entre la sentencia de septiembre de 2008 y la aprobación de la ampliación en pleno tres meses después.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado parcialmente el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2005 por financiar inversiones no previstas en la Ley del Suelo, como el anillo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la finalización del polideportivo Gallur, la remodelación de los intercambiadores de plaza Elíptica y Conde de Casal así como diversas actuaciones en la M-30.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, da respuesta al recurso interpuesto en 2005 por el PSOE, concretamente por la entonces concejala Trinidad Jiménez y por la edil Isabel Vilallonga, después de la aprobación de las cuentas municipales en un Pleno celebrado el 23 de diciembre de 2004.

Las socialistas alegaban la "utilización indebida de ingresos procedentes de la enajenación del patrimonio municipal de suelo para financiar inversiones no previstas ni autorizadas por el artículo 176 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ni por los artículos 276 y 280 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana".

El artículo 176 de la Ley del Suelo establece que los bienes de los patrimonios públicos de suelo se podrán destinar únicamente a fines como la construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública; a la conservación y mejora del medio ambiente o a la protección del patrimonio histórico-artístico; a las actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos; para actuaciones de interés social y para la conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

La sentencia señala sobre los gastos del Ayuntamiento para financiar con cargo a la enajenación de bienes integrados en el patrimonio municipal de suelo que "si bien la mayoría de ellos están permitidos por el artículo 176 de la Ley del Suelo", existen otros que no pueden sufragarse con cargo a dicho patrimonio municipal. Ello se debe a que son "meras reformas o reparaciones de servicios ya existentes" o porque "no están suficientemente identificados para poder ser incluidos en algunos de los gastos previstos".

Por todo eso el TSJM estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE sobre el presupuesto de 2005 al "no estar permitidos legalmente todos los gastos de inversión" enumerados", casi 50. De este modo, el Tribunal establece que sólo los gastos expresamente citados han de ser suprimidos de la financiación con cargo al patrimonio municipal de suelo. El Gobierno municipal adelanta que recurrirá la sentencia.