El aumento del IVA permitirá elevar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en manos regionales, para no penalizar la compra de pisos nuevos frente a los usados.


La cara B de la subida de impuestos ya está en marcha. Los Presupuestos Generales de Estado asoman únicamente la punta de un iceberg fiscal de grandes dimensiones. El Gobierno ya ha dado a las autonomías la llave para ampliar la tributación sobre la vivienda y las rentas.

El golpe para el bolsillo de los ciudadanos será doble. Por un lado, el Gobierno incrementará el IVA en dos puntos del tramo general (del 16% al 18%) y en otro punto adicional (del 7% al 8%) en el escalón que afecta a los alimentos elaborados, hostelería, ropa, calzado o vivienda –por citar algunos ejemplos-; endurecerá el IRPF a través de la retirada del cheque 400 euros; y castigará al ahorro con un tipo de hasta el 21% a las rentas del capital (ahora estaba en el 18% y hace tres años en el 15%).

Y ahora le toca el turno a las autonomías. "La subida del IVA afecta a la vivienda nueva, cuyo impuesto por la adquisición del inmueble pasa del 7% al 8%, una reforma que abre la puerta por completo a la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales desde el 7% hasta ese mismo tipo del 8%", señala una fuente autonómica.

La razón es que el IVA sólo afecta a los pisos que se compran nuevos; los de segunda mano quedan gravados por otro tributo, cuya recaudación no acaba en las arcas centrales sino en las autonómicas, que es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Eso sí, "al subir el IVA, lo lógico es elevar el ITP, porque, en caso contrario, se estaría discriminando la venta de viviendas nuevas frente a las usadas", aclara la misma fuente.

Las conversaciones mantenidas por EXPANSIÓN con responsables autonómicos revelan que, de hecho, esta subida fiscal figura en el abanico de opciones de las haciendas regionales. "Se ha hablado ya con el Gobierno la posibilidad de elevar el ITP tras la subida del IVA, puesto que la recaudación autonómica está hundida y la situación de déficit es preocupante", añaden esas fuentes.
Eso sí, la subida del ITP, que afecta a la compra de todo tipo de productos de segunda mano, es más que probable que no recaiga sólo sobre la vivienda, sino también sobre vehículos o cualquier otro elemento usado.

Equilibrio presupuestario
A pesar de las subidas de impuestos en marcha, muchos ejecutivos regionales van a tener francamente difícil cumplir los objetivos de déficit que acordaron con Hacienda en julio –con déficit conjunto del 1,5% del PIB en 2009 y del 2,5% en 2010–. Cuando una autonomía traspasa estos límites, se ve obligada a presentar un plan económico-financiero para equilibrar sus cuentas en un plazo máximo de tres años.

Pero esa hoja de ruta, en la que se planifican todas las políticas de ingresos y gastos de la comunidad, debe contar con el visto bueno de el Gobierno. Fuentes regionales consultadas por este diario aseguran que el Ministerio de Economía podría, a través de esta vía, obligar a las comunidades con desequilibrios presupuestarios a hacer uso de sus competencias normativas sobre el IRPF. Es decir, a endurecer el tramo autonómico del impuestos que grava las rentas.

Las claves
Compromiso imposible
Con una caída histórica de los ingresos tributarios (del 19% en el primer semestre), muchos ejecutivos regionales tendrán problemas para cumplir los compromisos de déficit que pactaron en julio. En caso de traspasar los límites, se verán obligados a revisar todas sus políticas de ingresos y gastos en un plan a tres años tutelado por La Moncloa.

Nueva financiación
La reforma de la financiación autonómica –en trámite parlamentario– podría otorgar un alivio momentáneo a la sangría territorial. Zapatero se ha comprometido a inyectar 11.000 millones de euros extra al sistema, aunque en la práctica están condicionados a cubrir la pérdida de ingresos que padecen las arcas regionales.

6.000 millones menos
Por si fuera poco, los desajustes contables del Gobierno central también pasarán factura a las comunidades. Los Presupuestos Generales de 2008 y 2009 se realizaron con un cuadro económico radicalmente alejado de la realidad.

Como resultado, las entregas a cuenta concedidas por el Estado a las autonomías fueron muy superiores a la recaudación definitiva. La liquidación del ejercicio 2008 se ha cerrado con una caída de los ingresos autonómicos de 6.000 millones de euros respecto a lo que se previó en un primer momento. Dinero que deberá ser devuelto por las autonomías al Estado.