Las insistentes llamadas a la solidaridad realizadas por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados parecen que no han calado entre los ciudadanos. El contribuyente no está dispuesto a apretarse, una vez más, el cinturón para costear los continuos incrementos del gasto público. Así lo refleja la encuesta elaborada por NC Report para LA RAZÓN.

El 77,2% de los encuestados se opone tajantemente al aumento de la presión fiscal que prepara Zapatero y por la que pretende recaudar 15.000 millones de euros adicionales. Tan sólo el 14,8% de los contribuyentes apoyan al presidente en esta reforma fiscal, que presentará en la Cámara Baja la vicepresidenta económica, Elena Salgado, este mes junto con las cuentas del Estado de 2010.

Pensionistas, en contra
Los entrevistados, con independencia de su edad, rechazan por mayoría absoluta este incremento fiscal. No obstante, son los pensionistas, con el 81,9%, los que más se oponen a esta subida impositiva. Este rechazo se debe a que el IVA, tributo que subirá, con toda seguridad, dos puntos, grava prácticamente la totalidad de los artículos a los que accede cualquier ciudadano medio a lo largo de su vida, incluidos los recibos mensuales de la luz y el teléfono y, por supuesto, la factura del supermercado.

Por tanto, no es de extrañar que los pensionistas se opongan con contundencia a este alza fiscal. Incluso este colectivo, al que Zapatero ha prometido subir las pensiones mínimas, prefiere que se recorte cualquier partida del gasto público antes de que aumente la tributación. Cinco de cada diez pensionistas optarían por rebajar el gasto antes que por un alza fiscal, si tuvieran en sus manos las riendas de la política económica del país.

Gastos de representación
En general, seis de cada diez contribuyentes harían lo propio. Es decir, meterían las tijeras a los capítulos de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 antes que aumentar la presión fiscal. De los partidarios de aligerar las cuentas públicas, el 34,1% defiende que se congele e incluso se recorte el capítulo 1 de los Presupuestos, referido a las nóminas de los funcionarios, a las retribuciones de los asesores de los políticos y de los contratados en general.

El 29,4% apuesta por rebajar los gastos de representación. Mientras, el 10,8%, el 9,1% y el 8,9% metería las tijeras en las partidas de inversión, prestaciones sociales y servicios públicos, respectivamente. Y es que la mitad de los entrevistados está convencida de que con una caída adecuada del gasto sería posible no tener que recurrir a pagar más impuestos para contener el disparado déficit público. Sin embargo, el 38,8% de los contribuyentes cree que ni siquiera una disminución de los Presupuestos le salvará de un alza de impuestos.

Eso sí, siete de cada diez están seguros de que los Presupuestos Generales del Estado de 2010 se caracterizarán por su austeridad. Tan sólo el 19,8% piensa que el equipo económico del Ejecutivo no meterá la tijera en las cuentas que vienen y se limitará a subir la presión fiscal. Aunque unos y otros están de acuerdo en que las Administraciones públicas deberían limitar sus gastos. Así lo opina el 79,6% de los entrevistados por NC Report para LA RAZÓN.

Mientras, la inmensa mayoría, el 53,9%, se muestra insatisfecho con las prestaciones públicas que recibe del Estado en comparación con el dinero que aporta a Hacienda. El contribuyente, en general, piensa que ya paga suficiente a las arcas públicas. Ahora bien, cuatro de cada diez ciudadanos considera adecuadas las prestaciones a las que tiene acceso en relación a su factura fiscal.

Curiosamente, está más satisfecho con lo que recibe el grupo de ciudadanos mayor de 65 años, que percibe todos los meses su nómina por su jubilación. Mientras, los más insatisfechos son los contribuyentes con edades de 45 hasta 64 años.

Polémica servida
Pese al rechazo generalizado que despierta en la sociedad el alza de impuesto, el Gobierno está dispuesto a subir a partir de 2010 todas las figuras impositivas para frenar la tendencia alcista del déficit público, que deberá regresar al 3% del PIB en 2012. La incógnita a despejar es si esta decisión de Zapatero tendrá o no un coste en las urnas para los socialistas. Y es que los ciudadanos verán aumentar el IRPF en 5.000 millones de euros con la desaparición de la recién estrenada deducción de 400 euros.

Esta desgravación a las rentas del trabajo fue una de las promesas estrella con las que concurrió el presidente durante las pasadas elecciones generales. Sin embargo, las actuales circunstancias económicas y el deterioro del déficit público forzarán al Ejecutivo a suprimirla, según Economía. Pero esos 5.000 millones de más que recaudará el Estado de poco servirán para rebajar un déficit público, que superará este año los 120.000 millones de euros. De ahí que Zapatero esté preparando un alza del IVA y de los Impuestos Especiales del alcohol, del tabaco y la gasolina para intentar frenar, obligado por Bruselas, este desfase público. La polémica está servida, como demuestra la encuesta de NC Report.


Encuesta de NC Report para LA RAZÓN: Rechazo total a la subida de impuestos

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"¿A mi qué coño me importa?"

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