Parece un hecho evidente: la CEOE ha hecho lo posible por impedir un acuerdo en el marco del llamado "diálogo social". Es previsible entender que ha orientado su conducta sobre la base de una valoración previa en la que no existen costes relevantes de la misma. Puede incluso aventurarse que la CEOE entiende que su decisión de boicotear el pacto social no tendrá ninguna repercusión negativa, ni en términos de opinión pública ni desde el punto de vista político ni, en fin, desde la perspectiva social.

La conducta de la patronal durante el proceso de negociación ha buscado la imposición de un programa de máximos que se resumía sustancialmente en la descapitalización del sistema de Seguridad Social para rebajar de forma decisiva el coste laboral de las empresas y en la descausalización del despido junto con su abaratamiento. La CEOE sabe que, frente a lo que hubiera ocurrido a la inversa, en el caso de que los sindicatos hubieran impuesto como condición para la negociación un programa de máximos de respeto y fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, ningún medio de comunicación va a colocarles en el punto de mira de sus críticas. No habrá reflexiones sobre la insolidaridad de una asociación representativa de unos intereses que han sido subsidiados y sostenidos por ingentes sumas dinerarias fruto del esfuerzo público y que, a fin de cuentas, se sufragarán con la contribución de todos los ciudadanos. Los medios de comunicación afines y los poderosos creadores de opinión no van a reprochar a la CEOE su actuación. Ne touchez pas la femme blanche, decía Marco Ferreri.

La patronal piensa que el Gobierno necesita el pacto social a toda costa y que, por consiguiente, puede venderlo muy caro. Ese alto precio lo cifra en la aceptación de todas sus reivindicaciones, consciente sin embargo de que así hace imposible el acuerdo. No sólo por la oposición sindical, sino por la pérdida de legitimación política del proyecto reformista del PSOE. Pero la CEOE no está dirigida sólo, como se ha dicho, a sostener el programa político alternativo del PP, que exigiría que el Gobierno no pudiera encontrar un consenso en este tema. Como ya señalan algunos dirigentes sindicales, la patronal quiere un cambio de modelo.

No le interesa el diálogo social con acuerdos a tres en un proceso público de negociación. Prefiere una estrategia de consulta, no pública, en la que la patronal (mejor, los distintos sectores de la patronal) funcionen como lobby con el Gobierno. Piensa, además, que esa posición de derribo del esquema de concertación no le va a reportar ningún coste. Que el Gobierno no se atreverá a legislar no ya contra sus reivindicaciones expresadas, sino al margen de las mismas. Es decir, que aunque no haya acuerdo, el Gobierno no va a intervenir en un sentido contrario a las directrices de la CEOE, no va a traspasar en ningún momento las "líneas rojas" que ha trazado la plataforma reivindicativa de los empresarios. Al contrario, cualquier norma gubernativa posible incorporará, necesariamente, alguna de las reivindicaciones patronales, de manera que, aún sin acuerdo, el poder público no puede sino aceptar aspectos centrales de la propuesta del empresariado. La fuerza de la posición patronal es tal que no requiere entrar formalmente en un proceso de negociación.

Tampoco cree la asociación patronal que la ruptura del diálogo social le genere un coste en términos de conflicto. Piensa, como algún famoso político español, que el sindicalismo confederal es más peronista que socialdemócrata y que, por tanto, está más preparado para organizar un conflicto puntual frente al poder público que para sostener un tiempo de presión colectiva ante el poder privado de las empresas. Contra lo que temen sus organizaciones territoriales provinciales, cree que las grandes empresas y los sectores productivos importantes son indemnes a la conflictividad sindical y a los efectos de la huelga.

Abonan esta idea la pacificación consuetudinaria de empresas antaño públicas o sectores estratégicos como la Banca, donde una generación de trabajadores no conoce lo que es una huelga o una medida de presión. Y que otros sectores y empresas -entre ellas la del propio presidente de la patronal, que puede impunemente evadir sus obligaciones salariales sin encontrar respuesta sindical- carecen de capacidad de reacción porque en ellas la organización sindical es débil e inexistente.

La CEOE entiende que su decisión no tiene costes mediáticos, políticos ni sociales. El problema de estos juicios de valor es que deben ser avalados por la realidad. Porque si la opinión pública entiende mayoritariamente que la actitud de la patronal es egoísta, insolidaria y execrable en tiempos de crisis, el Gobierno decide legislar sobre la base de las propuestas propias y de los sindicatos, sin recoger las reivindicaciones de la CEOE, y los sindicatos son capaces de articular un otoño conflictivo en todos los sectores en defensa del poder adquisitivo de los salarios y del respeto de los derechos básicos de los trabajadores, se demostrará el error profundo en el que ha incurrido la CEOE y los daños inevitables que esta acción inoportuna genera a la propia clase empresarial. Se trata de una apuesta crucial en la que se juegan demasiadas cosas, entre ellas, la propia subsistencia de la legitimación social de la regulación de las relaciones laborales españolas en su conjunto.

Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

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a la patronal le han salido las cosas muy bien hasta estos momentos. No cabe duda de que está envalentonado, pero podría llevarse una sorpresa en esta ocasión. Los vientos que corren son de esdurecimiento de posturas por todas las partes.