Cuando hablamos del diálogo social, nos vienen a la memoria los países que lo han convertido en seña de identidad nacional. En Escandinavia, por ejemplo, consideran desde hace décadas que las variables que se discuten tienen un gran impacto sobre el bienestar y el nivel de vida de los ciudadanos, y por eso hacen a los actores sociales —a menudo con la participación del Gobierno— responsables de la gestión de esas variables, en beneficio de todo el país.

Los fundamentos de ese diálogo han ido cambiando. Hace décadas, se pensaba que la clave de la inflación estaba en los salarios. Y como la inflación afectaba a todos los ciudadanos y a la competitividad del país, empresarios y sindicatos negociaban el crecimiento de los salarios, siempre teniendo en cuenta el bienestar de todos. Esta manera de entender la inflación está en desuso, pero la idea de una responsabilidad compartida sigue ahí: al Gobierno corresponde diseñar y poner en práctica la política económica; a las empresas y a los sindicatos, asumir su parte de responsabilidad, porque sus decisiones afectan no sólo a la cuenta de resultados de las primeras y a los ingresos de los segundos, sino a todos los demás.

El modelo escandinavo no se puede copiar en España, al menos mientras no hagamos cambios de gran calado. Y, además, el modelo escandinavo también hace aguas. Antes, los competidores eran del mismo país —y, por tanto, sometidos al mismo régimen social—, o de otros países desarrollados; de ahí la importancia de tener en cuenta la competitividad de la nación en todas las decisiones importantes. Ahora están en países emergentes, ajenos al estado del bienestar escandinavo, de modo que las reglas del juego han cambiado.

Pero en España deberíamos copiar algunos elementos del modelo escandinavo. No todos: no necesitamos sus tendencias corporativistas, porque en esto la CEOE, CCOO y UGT se apañan bastante bien. Pero sí al menos esa idea de que en ese diálogo se discute no sólo el cocido de empresas y trabajadores para este año, sino, sobre todo, el futuro de las primeras y el empleo, las pensiones y el bienestar de los segundos.

En este país hemos reducido el alcance del llamado diálogo social a la jornada laboral y al aumento de salarios para el año que viene. El resto de temas queda sistemáticamente aparcado. Y no son temas intrascendentes: desde las políticas activas de ocupación hasta la formación profesional y permanente, desde el futuro de las pensiones hasta la política de inversiones de las empresas, y desde el outsourcing hasta la innovación.

Y hemos hecho esto por que ni la patronal ni los sindicatos han asumido la responsabilidad del bienestar y el progreso de los españoles, de todos: de los que hoy están ocupados con contratos indefinidos (a los que protegen muy bien los sindicatos), pero también de los parados, o de los que llegarán al mercado laboral dentro de unos años (y de los que no se preocupa nadie); de las empresas que necesitan urgentemente reducir su plantilla hoy (y aquí la patronal sabe cómo actuar), y de las que necesitaremos crear para hacer crecer el país en el futuro (pero que como son competidoras de las que ahora votan, no tienen un especial apoyo).

El fracaso del diálogo social es el fracaso de tres instituciones de este país: un Gobierno que no gobierna en beneficio de todos (también de los que aún no están), y unos sindicatos y patronales demasiado preocupados por su cocido, a corto plazo.

El diálogo social :: Gaceta.es

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