Las fusiones de cajas de ahorros, uno de los pilares de la reestructuración financiera que impulsan el Gobierno y el Banco de España, parecían discurrir sin conflictos aparentes después de que el Gobierno anunciara la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con dinero y avales públicos. Unicaja, Cajasur y Caja Jaén están dispuestas a crear una gran caja andaluza, las de Sabadell, Terrassa y Manlleu quieren unir sus balances en Cataluña, igual que las de Caja España y Caja Duero en Castilla y León. Pero ha bastado que se sugiera una fusión interterritorial, como la de Caja Madrid con Caixa Galicia y la CAM valenciana, para desatar una tormenta. El Gobierno gallego ha rechazado la fusión y se avanza la hipótesis de que Galicia y Cataluña denunciarán al FROB ante el Tribunal Constitucional porque estipula que el Banco de España tiene la última palabra en la fusión de cajas que hayan recibido dinero público para evitar la liquidación y, en ese caso, la autonomía perdería el derecho de veto en las operaciones corporativas de su caja.

Hasta el momento, se han propuesto con éxito fusiones de cajas de la misma comunidad y ello se ha interpretado erróneamente como un deseo de los Gobiernos autónomos de asegurarse una banca regional para la financiación de sus proyectos. Incluso se ha llegado a decir que las autonomías pretendían resucitar, con el pretexto de la reconversión obligada por la crisis, una especie de banca pública. Lo cierto es que las fusiones intrarregionales son racionales y rentables. En primer lugar, porque Andalucía y Cataluña cuentan con un elevado número de entidades y parece prudente rebajar el minifundismo financiero. En segundo lugar, está demostrado que las uniones entre grupos financieros de la misma comunidad ofrecen mejores oportunidades de recorte de costes.

Pero, dicho lo anterior, hay que insistir en que las fusiones entre cajas de distintas comunidades serán necesarias, sobre todo, para ayudar a resolver los casos más graves de insolvencia, aumento de morosidad y deterioro de los indicadores financieros básicos. Por tanto, es imprescindible que los principales partidos políticos se pongan de acuerdo para que en las autonomías que controlan no se pongan obstáculos políticos artificiales a la consolidación bancaria. Nadie puede impedir que los Gobiernos regionales interpongan recursos, si lo desean, para defender su derecho de veto; pero deben saber que la intervención del Banco de España está avalada por la Ley de Disciplina Financiera y la excepcionalidad de una posible quiebra justifica las decisiones de emergencia.

Conviene recordar además que algunas comunidades autónomas han tenido mucho que ver con la exposición al riesgo inmobiliario de sus cajas, raíz de los males presentes, instando inversiones desaforadas en ladrillo por conveniencias políticas. La sensatez debida exige a los Gobiernos autónomos que no conviertan un caso de intervención racional rápida en un interminable contencioso político y jurídico.

La Xunta ha advertido hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si el Gobierno no modifica el articulado del decreto que le resta a Galicia la "autorización preceptiva" para que haya fusiones y absorciones de entidades. Los conselleiros de Presidencia y Hacienda, Alfonso Rueda y Marta Fernández, respectivamente, han explicado a los medios que la intención del Gobierno gallego es solicitar la convocatoria de la comisión bilateral Xunta-Estado para dirimir "pacíficamente" esta cuestión.

Madrid.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, está dispuesto a impugnar ante el Constitucional el nuevo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si el Gobierno central no lo modifica. Aguirre considera que está en juego el derecho de veto en la caja madrileña.

Así lo acordó el Ejecutivo regional el pasado jueves en una reunión a puerta cerrada, según ha podido saber EL MUNDO. Se trata de una decisión de alto calado político y económico. El Consejo de Gobierno tomó esta resolución en su reunión ordinaria tras analizar un informe que alerta sobre la inconstitucionalidad del nuevo instrumento de apoyo al sector financiero español.

El FROB es el fondo, dotado con hasta 99.000 millones de euros para 2010, que fue aprobado con urgencia por el Gobierno central el pasado julio para salvar al sistema financiero español y promover fusiones y saneamientos de entidades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es consciente de que su fuerza política, el Partido Popular, votó a favor de la creación de este fondo durante su convalidación urgente el pasado julio. Pero considera que su deber es defender las competencias de su comunidad y el informe sostiene que las invade. En el último debate parlamentario sobre la crisis económica, celebrado el pasado miércoles, el presidente del PP, Mariano Rajoy, puso su apoyo al FROB como ejemplo de que él arrima el hombro cuando hay problemas importantes.

Iniciado por Plusvalias-al-42%

Las Cajas son opacas como las fundaciones de Liechtenstein: No tienen propietarios....no las puedes comprar por mucho dinero que tengas....pertenecen a los políticos y punto.

¿Y si las ilegalizamos de una puta vez y nos dejamos de hostias?.

Madrid.- Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE fueron las primeras en anunciar que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) vulneraba sus competencias, pero son las del PP las que han señalado que ya tienen preparado el recurso al Tribunal Constitucional si el Gobierno no modifica el Decreto-Ley que regula este fondo de rescate de bancos y cajas.

Andalucía, Aragón, Extremadura y Cataluña advirtieron hace meses que el Frob vulneraba sus competencias en el apartado relativo a la regulación de los procesos de reestructuración de entidades de crédito. Sin embargo, han sido Madrid y Galicia las que han urgido al Gobierno a que convoque la comisión bilateral para que modifique la norma. Si no hay acuerdo, estas comunidades populares presentarán el correspondiente recurso ante el alto Tribunal.

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, reconoció el lunes, tras la información que adelantaba este diario, que el Gobierno regional tiene "serias dudas de la constitucionalidad" del Frob y por ello ha solicitado mantener con el Gobierno central una reunión para aclarar los aspectos conflictivos. El pasado jueves elevó precisamente al Consejo de Gobierno un informe donde se analizaba la constitucionalidad de la Legislación relativa al mismo.

«El Consejo de Gobierno entendió que había serias dudas de constitucionalidad de la materia y en este sentido se solicitó por escrito la convocatoria de la Comisión bilateral Estado-Autonomías con el objetivo de analizar la misma, ver aquellas cuestiones que a juicio del Ejecutivo madrileño deberían ser alteradas para que esta norma estuviera en plena consonancia con el ordenamiento jurídico», planteó Beteta. En este sentido, apuntó que "Galicia ya realizó una acción idéntica de esta naturaleza días antes que el Gobierno de la Comunidad y es posible que otras regiones también nos sigan en esta cuestión". La semana pasada, el Gobierno gallego, que preside Alberto Núñez Feijóo, instó al Ejecutivo Central, a través del parlamento regional, a convocar a la comisión bilateral.

El Frob es el fondo, dotado con hasta 99.000 millones de euros para 2010, que fue aprobado con urgencia por el Gobierno central el pasado julio para salvar al sistema financiero español y promover fusiones y saneamientos de entidades.

El Gobierno ha asegurado que defenderá la constitucionalidad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante cualquier comunidad autónoma que lo solicite, con el fin de aclarar las dudas sobre el mismo.


En declaraciones a Efe, fuentes gubernamentales aclararon que el Gobierno no duda de la constitucionalidad del FROB y además está dispuesto a resolver las discrepancias que hayan surgido con algún gobierno regional que crea que el decreto ley invade sus competencias en materia de cajas de ahorros.

Las mismas fuentes explicaron que cuatro comunidades -Madrid, Andalucía, Galicia y Cataluña- ya han solicitado al Ministerio de Política Territorial abrir un proceso de diálogo sobre el FROB.

Por ello, el Ejecutivo central convocará comisiones bilaterales, si bien aún no se ha fijado un calendario de encuentros. Estas declaraciones se hicieron después de que la Comunidad de Madrid anunciara que ese Ministerio comunicará al Tribunal Constitucional antes del 29 de septiembre la celebración de una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid.

Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía o Extremadura han cuestionado la invasión de competencias en materia de cajas de ahorros y han estudiado la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el decreto.

La Comunidad madrileña confía en negociar y llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre los artículos que cree inconstitucionales, mientras que desde el Ejecutivo nacional se matiza que en la comisión se tratará de argumentar la constitucionalidad del texto y debatirlo, lo que no implica que vaya a haber negociación para cambiarlo.

El recurso de inconstitucionalidad iría contra los artículos 7, 8 y la disposición final sexta del real decreto-ley por el que se creó el FROB, ya que en ellos, según las autonomías, se impide que los gobiernos regionales puedan ejercer sus competencias para autorizar un proceso de fusión entre cajas, en el caso de que una de ellas sea intervenida por el Banco de España.

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre considera que se podría ver obligado a asumir una fusión impuesta por el Estado, a través del Banco de España y del FROB, que incluso podría resultar contraria a sus intereses.

Puso como ejemplo que si se produjera una fusión entre una entidad viable y otra que no lo es, la Comunidad en cuyo territorio residiera la primera también perdería su derecho a participar de manera preceptiva en la autorización de la fusión con la entidad en dificultades.

En el real decreto se recoge que el FROB puede contemplar la fusión de una entidad intervenida y sólo reserva a las Comunidades la elaboración de un informe previo a la aprobación del plan de reestructuración, lo que Madrid considera una clara suspensión de las competencias autonómicas para autorizar fusiones entre cajas.

El ejecutivo madrileño recuerda que en su Estatuto de Autonomía se reconoce al gobierno regional en exclusiva sus competencias en materia de cajas -en alusión a Caja Madrid-, y en la ley autonómica de 2003 se recoge que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Madrid será quien autorice las fusiones interregionales, en coordinación con otros gobiernos autonómicos.

Entiende que podría ser inconstitucional permitir que el Banco de España pueda incurrir en decisiones que "menoscaban o alteran" la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías.

Por su parte, la Generalitat acordó hoy iniciar "un procedimiento negociado" con el Gobierno central para corregir la invasión competencial que, a juicio del Govern, supone el real decreto de creación del FROB.

El conseller de Economía, Antoni Castells, aseguró que, a pesar de que el Govern considera el FROB como "necesario e imprescindible" para llevar a cabo operaciones de integración "de manera voluntaria", el Gobierno catalán está "obligado a actuar" si detecta una invasión competencial.

Castells ha valorado la disposición a "hablar" del Gobierno y, aunque se reserva el derecho de acudir al Constitucional, ha mostrado su preferencia por llegar a una solución negociada antes de tener que acudir a la mediación de ese tribunal.

Desde el Gobierno andaluz se ha señalado a Efe que se "está a la espera de algunas aclaraciones" que había solicitado al Ejecutivo central sobre "algunos puntos del FROB".

El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, se ha preguntado hoy "a qué espera" el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para recurrir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ha subrayado que, ante la posibilidad de que sea el Gobierno central el que recurra a su vez la nueva ley de cajas gallega, está "más justificado que nunca".