Esta crisis ha revelado un exceso de capacidad instalada en muchos mercados, pero de forma especial en la industria de servicios financieros y, dentro de ella, en la banca. Los excesos de capacidad son tanto más preocupantes cuanto más bancarizadas están las economías. En la eurozona, y en España dentro de ella, el sistema bancario tiene un peso muy importante, superior al que se detecta en otras áreas económicas, en la canalización de los activos y pasivos financieros de los agentes económicos. Son más de 100 bancos, 45 cajas de ahorro y más de 80 cooperativas de crédito las que integran el censo de oferentes de servicios bancarios en una economía que no volverá a crecer en muchos años al ritmo de los últimos 12 que concluyen en 2007.

Además, la salud del conjunto de las entidades se encuentra amenazada por la continua y creciente erosión de los activos (por morosidad, fallido y aumento de la adjudicación de activos) y por las tensiones de liquidez asociadas a los vencimientos de emisiones en los mercados mayoristas. A ello se añaden decisiones empresariales tan sorprendentes como las que han desarrollado esa nueva guerra del pasivo, cuyos efectos serán una reducción adicional de los márgenes. Las nuevas regulaciones se añaden a ese conjunto de factores que van a obligar a las empresas bancarias a tomar decisiones de ajuste de capacidad (menos oficinas, menos plantillas, menos costes) y buscar dimensiones adecuadas al nuevo entorno.

Hasta ahora lo están haciendo las cajas en una dinámica ciertamente compleja en la que predominan más los procesos de integración a través del Sistema Institucional de Protección (SIP) que a través de fusiones convencionales. Algunas de esas operaciones han buscado acertadamente combinar cajas de ahorros con distinto grado de solvencia y viabilidad. Y, en algunos casos, hacerlas entre cajas de comunidades autónomas distintas para minimizar los costes en términos de desempleo y cierres de oficinas en una primera etapa. Además, las operaciones transregionales tienen la virtud de fortalecer la integración financiera del país. Pero son operaciones complejas, no solo económica y financieramente, sino también políticamente. La influencia política en las cajas añade complejidad, que, sin embargo, está siendo evitada en la mayoría de los casos. El Banco de España dispone de predicamento y mecanismos de influencia suficientes para, sin necesidad de pregonarlo, favorecer una mayor rapidez en el proceso de fusiones. Esa concentración, además, no quedará concluida en esta primera ronda de operaciones. Es muy probable que otras, incluidas aquellas en las que las autoridades han impuesto la fusión de cajas dentro de una misma comunidad autónoma, acaben requiriendo el apoyo de otras de mayor solvencia. El resultado final será menos cajas, más bancarizadas y, es de esperar, tan competitivas como lo fueron en las últimas dos décadas.

Ese mismo celo del supervisor debería haberse aplicado a la hora de optimizar la composición de los SIP, convenciendo a las comunidades autónomas que expusieron los planes de fusión menos acertados y extendiendo esas recomendaciones al resto de las entidades de crédito donde el censo de oferentes también puede requerir un ajuste.

Pocas comparecencias han sido tan premonitorias. En marzo de 2009, semanas antes de la quiebra de Caja Castilla La Mancha (CCM) y 15 meses antes de que se reformara la ley de cajas, Juan Ramón Quintás, entonces presidente de la CECA, acudió al Parlamento. En una intervención casi dramática, pidió reformas legales, la creación urgente de un fondo público de ayudas, cambios en la contabilidad sobre créditos inmobiliarios y avales del Estado. "Estamos ante la mayor crisis en 80 años y lo que hacemos no está a la altura. Se deben tomar nuevas medidas. Su responsabilidad es pensar sobre ellas y al Gobierno liderar los cambios". Un año después, en marzo de 2010, Quintás dimitió tras enfrentamientos con el Banco de España.

Conflictos aparte, nadie puede negar que Quintás avisó con claridad de que había poco tiempo. Que ese iba a ser el gran problema. Y acertó. Lo único que no vaticinó fue la guerra de depósitos, que se puede convertir en un impredecible acelerador de fusiones por su enorme capacidad de llevar a las entidades a pérdidas.

El Gobierno y la oposición no se pusieron de acuerdo hasta julio pasado (a efectos prácticos, septiembre) para cambiar la ley y permitir que accedan a los mercados financieros, con forma de banco o caja, para captar capital, que es su talón de Aquiles.

La crisis irlandesa ha metido una presión inesperada sobre las cajas. El supervisor quiere exhibir ante los inversores internacionales un sector financiero reestructurado. Demostrar que las cajas van a dejar de ser el problema para empezar a ser la solución. Que cierren oficinas y recorten plantillas para adaptar los gastos a los menguantes ingresos. La poda casi no ha empezado, con una reducción del 5% de las oficinas en 18 meses.

"Es el mayor cambio del sector en 300 años" dijo Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, en las jornadas organizadas esta semana por Caja Madrid y EL PAÍS. Una mutación de ese calado exige remover cimientos jurídicos, sobre todo para las cajas que han optado la fusión fría o Sistema Integral de Protección (SIP), que es un híbrido legal.

Miguel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, lanzó un ultimátum el lunes pasado: las cajas con ayudas "deberán cumplir rápida y escrupulosamente los calendarios de integración acordados" para recortar plantillas y aliviar las cuentas de resultados. "Todas las fusiones que están en marcha y todos los SIP deberán tener constituidos los bancos y hacer público su consejo antes de Navidades", recalcó Ordóñez.

La vicepresidenta Elena Salgado amenazó con "tomar medidas" si no cumplen el plazo. El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) José Manuel González-Páramo elevó la carga y dijo que era "imperativo" que las cajas llegaran a tiempo.

En el sector se consideran maltratados. Presionados por el supervisor, atacados por los grandes bancos (que codician su negocio) y rematados por los políticos, aparecen como los malos de la película. Los presidentes de entidades afectadas se quejan de las dificultades jurídicas. "No se puede hacer más en menos tiempo. Nos gustaría que el supervisor acelere los trámites pendientes, que son muchos: falta que la Dirección de Tributos garantice la neutralidad fiscal; que la CNMV establezca los criterios contables; que algunas Comunidades Autónomas adapten la legislación; que el Tribunal de la Competencia apruebe las operaciones; que Protección de Datos presente sus dictámenes y que se tengan en cuenta los largos plazos legales de las asambleas".

En público ha sido Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, el que más ha defendido al sector diciendo que la reestructuración va a la velocidad "adecuada". El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, aseguró que las fusiones van "a la máxima velocidad posible" y que es "poco serio" tacharlo de lento. El supervisor discrepa y considera que se podía haber avanzado más desde principios del año y que, por los interes creados que rodean a las cajas, ni los ejecutivos ni los políticos tuvieron prisa.

Mientras tanto, además del derrumbe inmobiliario, ha llegado la crisis de liquidez. Bancos y cajas han respondido con una guerra del pasivo como no existe en ningún país europeo. Pagar los vencimientos se ha convertido en lo urgente para evitar la ruina. "Esta situación marca un escenario muy complicado para 2011 porque destroza las cuentas de resultados. La caída del margen financiero no permitirá cubrir las mayores necesidades de provisiones por la morosidad. Si no hay ingresos, las cajas no pueden dar créditos, que es lo que necesita la economía", comenta Juan María Nin, director general de La Caixa.

Francisco Uría, socio financiero de KPMG, apunta que la caída de márgenes "obligará a acelerar el recorte de costes con el dinero del fondo de rescate, aunque en un primer momento, los gastos suban". Uría se refiere a que el coste de las prejubilaciones, unos 330.000 euros por persona, es una factura que se comerá muchos millones de ayudas públicas. Si se prescinde de 15.000 empleados, uno de los cálculos que se manejan, el coste sería de unos 5.000 millones.

Como Rato sugirió, se pueden poner como referencia los procesos de fusión del Santander con BCH y el BBV con Argentaria. Detrás de la fácil unión de rótulos, está la compleja unificación de sistemas informáticos. Las cajas creen que tardarán unos 20 meses. Y las cajas recuerdan al supervisor que la adaptación de estatutos y las posteriores asambleas puede llevar los procesos hasta junio de 2011...

- - SIP/Banco Caja Madrid. Caja Madrid, Bancaja, Ávila, Segovia, Rioja, Laietana e Insular. Está pendiente de las autorizaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla y León. No tiene nombre para el banco y no ha constituido el organigrama ejecutivo. Espera hacerlo para diciembre, cuando recibirá el FROB. Consolida el 100% de los resultados en el banco, que será operativo en enero. En 2011 comenzará la reducción de 600 oficinas y 3.800 empleados.

- - Fusión Caixa-Girona. Es una absorción de Girona y está completada.

- - SIP/Banco Asturias, Alicante, Cajastur+CCM, CAM, Cantabria y Extremadura. Tras duras disputas y cesión de poder por parte de Alicante, el grupo liderado por el asturiano Manuel Menéndez tiene previsto que el banco empiece a funcionar a final de este año o principios del siguiente. Se basarán en la informática de la CAM. Se han cerrado algunas oficinas de CCM y CAM. Consolida el 100% de los resultados.

- - Fusión CatalunyaCaixa. Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. Ha sido la más madrugadora del sector porque su situación financiera era la más delicada, debido a la gran inversión inmobiliaria. Ha tenido una renovación total: nuevo director general, Adolf Todó, y presidente, Fernando Casado. La fusión se produjo el 1 de julio, con operativa común, y el 16 de noviembre se constituyeron los nuevos órganos de gobierno. Ha realizado la mitad del ajuste en oficinas y plantilla previsto. Está a falta de la integración informática.

- - Fusión Gallega. - Caixa Galicia y Caixa Nova se han unido en una nueva caja, liderada por esta última. No tienen pensado convertirse en banco ni siquiera para emitir en los mercados financieros. No han realizado los cierres de oficinas ni ajustes de plantilla, ni la integración informática. Esperan empezar a trabajar conjuntamente en diciembre.

- - SIP/Banca Cívica. Cajasol, Caja Navarra, Canarias y Burgos. Liderado inicialmente por los navarros, se ha incorporado Cajasol, la entidad más grande del grupo. En principio, habrá dos copresidentes, aunque no está claro quien liderará. Es la entidad pionera en la fusión de departamentos, aunque la llegada de los sevillanos exigirá un replanteamiento organizativo.

- - SIP/Banco Marenostrum. CajaMurcia, Penedés, Sa Nostra y Granada. Ha constituido el comité de dirección y la sociedad central del banco estará, previsiblemente, a mediados diciembre y operativa a finales de ese mes. A lo largo del primer trimestre de 2011 empezará a ofrecer productos y servicios comunes al conjunto de las diferentes cajas. Consolidarán el 100% de los beneficios en el banco, con sede en Madrid. La reducción de plantilla (1.050 trabajadores) y oficinas (200) se hará en 2011 y 2012. Falta la aprobación de la Junta de Andalucía.

- - Fusión/Banco BBK-Cajasur. La entidad vizcaína recibirá 392 millones por asumir la morosidad futura de la cordobesa. El 2 de enero se hará cargo oficialmente de Cajasur, cuando la asamblea, controlada por el Banco de España, lo apruebe. No ha comenzado los cierres.

- - Fusión Castellana. Caja Duero y Caja España se han fusionado y son de los que más avanzados llevan las reducciones de personal y oficinas, tras recibir en octubre el FROB. No tienen marca nueva.

- - Fusión Unnim. Sabadell, Terrasa y Manlleu. Una de las primeras del sector, ha realizado parte del ajuste de oficinas y plantilla. Opera en con la marca común.

- - Fusión/SIP Banco Aragonés.Caja de la Inmaculada de Zaragoza (CAI), Círculo de Burgos y Badajoz. Formarán un banco con sede en Zaragoza, el primer ejecutivo será de la CAI y prescindirán de 234 empleados, el 8%. No han pedido ayudas por su alto nivel de solvencia.