Durante años han construido chalets de horroroso gusto en zonas donde no podían levantarse. Son los dueños de chalecitos ilegales, muchos de ellos ni siquiera los habitan, son chalecitos para especular, venderlos más caros, alquilarlos en verano aprovechando que la playa de Chiclan en Cádiz, se pone hasta la bandera. Hay quien dice que pueden ser unos 40.000, otros que la mitad, el ayuntamiento se planta en unos 25.000.

¡25.000 chalets ilegales!

¡Cuyos dueños son unos impresentables y unos mierdas como la catedral de Burgos!

Si son ilegales, la solución es tirarlos al suelo. Es decir: al carajo con ellos.

Pero no. Los dueños de estas viviendas se ponen chulos y amenazan al ayuntamiento. Un ayuntamiento de opereta, llena de parásitos corruptos que vieron cómo se levantaban miles de chalets ilegales y lo máximo que hacían era poner la mano, y algún que otro el culo (ya saben).

Ahora, el contubernio se realza, planea sobre las deslumbrantes costas chiclaneras y se proyecta la regularización de estas ilegalidades. Pero los dueños no quieren cualquier regularización: la quieren casi gratis, que para ello son los que mejor llevan la boina de la costa de la luz.

Y lo conseguirán porque muchos de ellos son primos, tíos, hermanos y demás parasitario del consistorio actual, del pasado y del pasado del pasado.

Si por mí fuera tiraba los chaletes con ellos dentro.

Mañana veremos un equivalente en una manifa de pedófilos pidiendo que el gobierno les legalice su perversión y se les perdone lo pasado:

¡Pelillos a la mar!





Regularización. Es el término en que inciden continuamente los diseminados que, a juicio de los diseminados ilegales cuando hablan del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y lejos de hacer autocrítica en torno a su responsabilidad en su situación (una de las entidades que lo representa, Fevema, culpa únicamente de este fenómeno a la "permisividad municipal"), se reclama al nuevo ordenamiento que le dé soluciones y lo más pronto posible.

Y ello lo dejan bien claro en las aportaciones que han realizado algunos de los colectivos de propietarios de estos diseminados a la mesa de participación sobre viviendas ilegales que hasta el pasado mes se ha desarrollado. Sus recomendaciones están siendo analizadas ahora por el equipo redactor del PGOU, la empresa Territorio y Ciudad, para determinar si se incluirá o no en el documento de planeamiento general.

Diario de Cádiz - Legalizaciones al menor coste posible

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