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La semana pasada un grupo de 25 personas publicaron en EXPANSIÓN una tribuna criticando el estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, del que somos autores, donde se analizan los efectos sobre el empleo del sistema de ayudas públicas a las energías renovables.

Los firmantes tienen una procedencia muy variada: desde reguladores que implantaron este sistema hasta miembros del movimiento radical ecologista, pasando por empleados de las propias empresas auxiliadas.

Pero pese a la disparidad de orígenes, presentan un rasgo común: todos pertenecen al gremio que sale beneficiado de las ayudas que nosotros criticamos y que ellos defienden. Aun así, esta circunstancia, por relevante que pueda ser para determinar sus motivaciones, no descalifica sus argumentos y, por tanto, nuestra tarea como economistas consiste en responder a las críticas que nos han presentado.

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Para empezar, conviene aclarar que la finalidad de nuestro estudio es la de elaborar un análisis riguroso de un tema que nos preocupa y sobre el cual llevamos investigando desde hace cuatro años (especialmente desde que en 2007 nos invitaran a presentar testimonio en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de EEUU): la supuesta generación de empleos verdes por parte de políticas, como las españolas, de ayuda pública a las empresas renovables.

Es curioso, por consiguiente, que nos acusen de no abordar asuntos que el propio título del trabajo ya sitúa fuera de su ámbito de estudio y que en todo caso deberían ser objeto de otros análisis: por ejemplo, “los problemas ambientales de las tecnologías convencionales” o la reducción de la “dependencia exterior en materia energética”.

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Escaso conocimiento
En cuanto a sus argumentos, nuestros críticos muestran un escaso conocimiento de la ciencia económica si no entienden que el único instrumento del que dispone el Estado para intervenir en la economía y favorecer a ciertos sectores no es sólo la redistribución de recursos vía presupuestos generales.

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Las regulaciones que establecen precios artificiales a través del BOE, las que obligan a aprovisionarse con determinadas fuentes energéticas o las que garantizan la revisión de tarifas para cubrir los precios superiores derivados de la adquisición forzosa de estas energías son también formas de asegurarle a un sector los recursos escasos que el libre mercado habría dedicado a otras actividades que los españoles consideran más importantes.

Cuando una industria necesita de la regulación, de las garantías públicas y de las compras y conexiones forzosas, es porque esa industria está incurriendo en un coste superior al valor que genera. Para entender esto no debería ser necesario ni siquiera haber aprobado un parcial de primero de Economía.
Se nos acusa de usar ratios estáticos, lo cual en parte es cierto.

Sin embargo, también lo es que el modelo input-output de Leontieff propuesto como alternativa constituye un intento de sustituir el mecanismo de asignación de recursos del mercado por un modelo de equilibrio general con unos coeficientes técnicos dados, donde la forma de producir es por tanto estática y el planificador social presuntamente conoce todas las combinaciones posibles de recursos para generar de manera eficiente miles de millones de bienes y servicios. Desde luego, no parece que la proclamada superioridad de este modelo se deba al carácter escasamente dinámico de sus ratios.

Nuestra aproximación no es tan arrogante intelectualmente y se conforma con algo más modesto: mostrar el gran consumo o pérdida de capital en el que se incurre con estas políticas intervencionistas.

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El informe de Deloitte –que pese a lo que se sugiere, sí tuvimos en cuenta para nuestro estudio– sigue la metodología de la planificación centralizada que tanto les gusta a nuestros críticos. Se trata desde luego un valioso producto, pero tanto como lo pueda ser el trabajo bien hecho de una consultora para su cliente; es cuando menos dudoso que se le pueda poner a la altura de investigaciones académicas.

Por ejemplo, el propio informe reconoce que los datos que utiliza están sesgados al realizar comparaciones no homogéneas (entre otras, admite que tiene en cuenta los empleos dedicados a la instalación de plantas renovables pero no así los empleados de las plantas convencionales).

Hasta este punto, con todo, las objeciones planteadas por los defensores del statu quo renovable podrían ser susceptibles de debate. Sin embargo, nuestros críticos alcanzan el clímax del despropósito cuando suponen que las importaciones tienen un impacto negativo sobre la riqueza nacional. Con este tipo de argumentos sólo consiguen desenterrar sofismas económicos tan denostados y archirrefutados como son las doctrinas mercantilistas y las políticas de Ersatzproduktion (políticas de sustitución de importaciones cueste lo que cueste), ignorando axiomas económicos tan básicos y asentados como la ley de las ventajas comparativas y los beneficios de la división internacional del trabajo.

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Juego de suma cero
Otras de sus críticas son propias de personas que no se hubiesen leído nuestro estudio. En contra de lo se nos reprocha, no suponemos que la economía consiste en un juego de suma cero. En ningún momento señalamos que toda la inversión en energías renovables provenga de las subvenciones. De hecho, en nuestros cálculos sólo hemos tenido en cuenta la parte de la inversión que no recibe retornos derivados de los ingresos voluntarios y que por tanto es atraída al sector mediante el sobreprecio público.

Es evidente que la industria renovable sí produce, tal y como contemplamos en el estudio. El problema no es ése, sino que produce de manera muy cara (la CNE propone subir la tarifa un 31%) e ineficiente (la energía solar representa el 0,7% de la potencia instalada y recibe 10.000 millones), motivo por el cual pretende obligar al resto de la sociedad a sostenerla de manera coactiva.

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Asimismo, si bien nuestros críticos se fijan únicamente en la parte positiva de las renovables (olvidando sus costes), cuando hablan de otras fuentes energéticas sólo observan su lado negativo, hasta el punto de intentar denostarlas incurriendo en flagrantes contradicciones: primero consideran perjudicial recurrir a fuentes convencionales que sean aún más intensivas en capital que las renovables (porque dan empleo a menos personas), mientras que luego defienden todo lo contrario (un nuevo modelo productivo intensivo en capital).

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En todo caso, nosotros no hemos criticado a las renovables por ser un sector intensivo en capital, sino porque para garantizar la retribución de todo el capital que emplea necesita de una gran ayuda pública que por sí mismo el sector es incapaz de generar.

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Por otro lado, resulta realmente ilustrativo que se critique nuestra estimación de que las industrias verdes han creado 50.200 empleos (estimación extraída del estudio financiado parcialmente por la Comisión Europea y que contó con la participación del sector de las compañías renovables) y que se ofrezca como alternativa un informe del sindicato CCOO en el que no se habla de empleos anualizados equivalentes sino de contratos laborales. Es como si en un momento se montaran excepcionalmente 20 centrales eléctricas convencionales y contabilizáramos a todos los obreros de la construcción como puestos de trabajo definitivos.

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Recursos financieros
Además, el modélico informe de CCOO sólo registra 66.000 contratos en los sectores a los que se refiere nuestro estudio; cifra con la que las ayudas a las renovables seguirían provocando una importante destrucción neta de empleos. Pero, como decimos, esos 66.000 todavía no son empleos equivalentes, especialmente si su inmensa mayoría, según el sindicato, se dedican a instalación, fabricación y construcción de centrales. Y, de hecho, son las propias asociaciones de renovables, y no nosotros, quienes llevan más de un año anunciando la destrucción de miles de estos puestos de trabajo que dependían de seguir inflando la burbuja verde que el gobierno decidió pinchar.

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Pero, pese a todos los errores y contradicciones anteriores, lo más grave es que nuestros críticos no entiendan que los recursos financieros, como todos los recursos, son escasos. Y si estos recursos son dirigidos forzosamente hacia las empresas renovables, no podrán destinarse a otros sectores.

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Siempre hay un demandante de crédito marginal y uno submarginal, a pesar de que la propaganda de los buscadores de rentas siempre se empeñe en negarlo. Si en apariencia el sistema español no tensionó los mercados financieros fue porque el crédito creció mucho más rápido que el ahorro a largo plazo. Ahora, como explicamos en el trabajo, estamos pagando las consecuencias.

Iniciado por JKG

En cualquier caso, les agradecemos sinceramente a este grupo su esfuerzo por debatir y defender un modelo energético ultraintervencionista que sólo beneficia a unos pocos privilegiados y que destruye grandes cantidades de riqueza y de empleos a nuestro país. Pero si algo debería haber quedado claro es que las sociedades no se enriquecen por producir energía de forma más costosa.

Un análisis crítico del Informe Calzada

Hace ya algo de tiempo hablé en el blog del famoso Informe Calzada sobre empleo y renovables. Bueno, pues al fin tuve tiempo para leerlo, y para hacer algunos comentarios, que expongo a continuación (aviso que me he enrollado más de lo habitual, pero es que creo que hacía falta).

Como ya dije entonces, creo que el informe hace algo que no se había hecho todavía, y que es necesario: evaluar el coste de oportunidad de los recursos públicos invertidos en el desarrollo de las renovables. Como todos sabemos, el incentivo público a las renovables es una manera de tratar de internalizar las externalidades medioambientales o de seguridad energética asociadas a las energías fósiles (aunque no es la única, ni posiblemente la mejor manera de hacerlo, sí es seguramente la más políticamente viable). Además, pueden tener ventajas asociadas como la creación de empleo (el que sea una ventaja o no lo discuto luego). Pero eso no necesariamente quiere decir que sea el destino ideal de los fondos públicos. En este sentido, todas las políticas públicas deberían ser analizadas desde una óptica coste-beneficio. Y desde ese punto de vista, los incentivos a las renovables presentan muchas ventajas, pero también tienen un coste de oportunidad: ¿se podrían conseguir más beneficios sociales, medioambientales o económicos incentivando otras actividades (por ejemplo, el ahorro)? Cualquier política sensata debería llevar un estudio de este tipo detrás. El problema es que el informe Calzada no es este tipo de estudio, por varias razones:

La primera razón, no de fondo sino de forma, es que esto no es un estudio riguroso, es un documento de posición ideológica. Aunque se le intenta dar cierto cariz “académico”, le faltan muchas cosas para ello. Para empezar, citar adecuadamente sus referencias, usar referencias no sólo a favor, sino también en contra si las hay, y que estas referencias sean de garantía (en el ámbito académico eso supone usar fuentes con revisión por pares). Y por supuesto, renunciar a muchos prejuicios y apreciaciones que no tienen ningún sentido en un trabajo académico (en especial las que tienen que ver con atribuir todo el déficit de tarifa a las renovables, o decir que la reducción de emisiones es regresiva, sin tener en cuenta nada más), o definir mejor su metodología, y aplicarla rigurosamente, como luego comento.

Segundo problema: el informe parte de la base de que los mercados (especialmente los de inversión y de empleo) son totalmente eficientes, y por tanto niega la mayor sobre el apoyo público a las renovables. Su argumento de fondo es que no hay que subvencionar nada (aunque esto por otra parte resulta incoherente con su defensa de precios bajos de la energía para sostener determinadas industrias, que sólo se puede mantener subvencionando su coste…). Contra esto creo que hay dos argumentos principales.

En primer lugar, parece obviarse la existencia de externalidades medioambientales y de otro tipo en los mercados energéticos, que sí harían necesaria la intervención pública para corregirlas. Por supuesto, esto no responde totalmente a la pregunta de si el apoyo público a las renovables es el instrumento ideal, como ya he discutido anteriormente, pero sí hace que el argumento contra la intervención pública resulte mucho más endeble, e incluso estéril. No me extiendo más en este sentido de internalización de externalidades porque ya se ha mencionado bastante aquí y en otros foros.

En segundo lugar, también se niega la necesidad de intervención estatal para crear empleo. A este respecto hay que tratar dos cuestiones: una, si este argumento es válido o no desde el punto de vista teórico-empírico, especialmente en cuanto a la capacidad de las políticas públicas para crear empleo. Por una parte, si una economía funciona a pleno empleo, el crear empleo en un sector estará destruyendo empleo en otro. Desde este punto de vista, la ventaja de creación de empleo de las renovables podría no existir, como digo en una situación de pleno empleo. Y por otra parte, suponiendo que no estemos en una situación de pleno empleo, también hay que determinar si las políticas públicas como esta son eficaces en cuanto a creación de empleo o no. Yo ahí reconozco que no soy un experto, y que tendrán que ser los macroeconomistas los que se ocupen de esto utilizando los modelos adecuados (que comento más abajo). Además, hay que tener en cuenta que si bien en teoría los economistas ven con recelo la creación de empleo con fondos públicos directos (subvenciones), la situación real es lo que se conoce un “second-best”: los fallos de mercado son tan abundantes en estos sectores que no tiene sentido hablar de soluciones óptimas. En cualquier caso, no me parece haya consenso suficiente en este campo acerca de la inexistencia de desempleo involuntario, o de la falta de efectividad de las políticas públicas para la creación de empleo como para mantener todo el peso en este argumento.

La segunda cuestión es práctica: incluso aunque las políticas públicas no sean eficaces o eficientes, o que alguien pueda pensar que estamos en un mercado eficiente sin desempleo voluntario, lo que está claro es que todos los Gobiernos están lanzando programas de estímulo a la economía, mediante paquetes keynesianos para levantar la demanda, en el cual se pueden incluir tranquilamente subsidios a las renovables. Así que, en este sentido, la pregunta relevante, y por tanto el contrafactual apropiado, es: Puestos a gastar el dinero público, ¿es más eficiente en términos de empleo y de productividad gastárselo en industrias “verdes” o en otro tipo? Sobre todo teniendo en cuenta el hecho ya citado de que el apoyo público a las renovables no viene determinado por su creación de empleo, sino por sus beneficios ambientales y de seguridad energética, que podrían justificar su existencia por ellos mismos. Eso desgraciadamente no lo contesta el informe.

Y finalmente, y quizá el mayor problema del informe: la metodología empleada para calcular los empleos desplazados. Hay muchas formas de evaluar el empleo desplazado por el uso de recursos públicos. Pero lo que no creo que haga nadie con cierto rigor en economía es usar valores medios, tal como se propone aquí. En economía la medida a utilizar es el valor marginal, no el medio: en este caso, eso supondría calcular el uso de capital marginal requerido por unidad de empleo, o la productividad marginal. Eso es lo que permitiría evaluar hasta qué punto el subsidio a las renovables es eficiente o no, usando el mismo paradigma neoclásico que subyace al informe. Si usamos valores medios, y por su propia definición, eso nos llevaría a pensar que la mitad de nuestra actividad económica es ineficiente en términos de creación de empleo (incluso sin intervención pública), lo cual evidentemente no tiene mucho sentido. De hecho, me sorprendería que si el valor medio es el citado (2,2 empleos) el marginal fuera superior a 1 empleo equivalente.

Por supuesto, hay más problemas en la metodología: usar indicadores estáticos y demasiado simples; no definir el contrafactual apropiado (cuál sería el empleo generado en ausencia de subsidios, o dedicando los subsidios a otros sectores); los errores en los datos que se usan de partida (de creación de empleo, o de gasto público). Pero creo que lo crítico es la confusión entre valores medios y marginales. ¿Cómo se podría arreglar esto? Pues usando modelos más sofisticados, como modelos del mercado de trabajo o incluso modelos econométricos o de equilibrio general. De hecho, hay algún intento en este sentido, desde modelos input-output (que sin embargo no comparan con la situación sin apoyo público), o trabajos basados en modelos de ecuaciones estructurales como éste (más simplistas, y no necesariamente correctos, pero que dan más información que el del informe analizado). De esta forma se podría evaluar el impacto marginal con y sin subsidios a las renovables. Además, esto también podría permitir realizar este estudio en un contexto dinámico, o al menos de futuro, en el que se tenga en cuenta la situación futura de nuestra economía, y no la actual (porque, al menos en lo que se refiere a las renovables, la gran escala llegará en el medio plazo, no ahora, y por tanto ahí será cuando tengan más relevancia sus impactos).

Lo ideal en todo caso sería que este trabajo estimulara el desarrollo de estudios serios sobre el tema, que a mí me parecen muy relevantes y necesarios. Desgraciadamente, y posiblemente por falta de tiempo o de recursos, por ahora esto no ha tenido lugar. El único informe a mencionar es el de ISTAS. Sin embargo, creo que este último informe, aunque aporta reflexiones y comentarios acertados (como por ejemplo acerca de la no consideración de las externalidades, de las ayudas públicas a otras fuentes energéticas, o de la estrategia general del modelo energético), peca por su parte de algunos de los defectos del Informe Calzada: falta de precisión en algunos de sus argumentos económicos o en las críticas al Informe Calzada, ideologización innecesaria de algunos aspectos, falta de rigor en las referencias, y sobre todo, ausencia de un cálculo alternativo más acertado. Si bien en su descargo hay que decir que los propios autores lo consideran una primera aproximación, obligada por las circunstancias, sería deseable una extensión del mismo que como digo incorporara una buena estimación del coste de oportunidad de las renovables de un modo riguroso.

Decía Kuhn que los debates entre paradigmas son imposibles desde una misma base lógica, y algo de eso hay en este caso: cada uno defiende sus posiciones desde un paradigma distinto y no necesariamente compatible. Pero creo que en este caso la respuesta más acertada al Informe Calzada es la que utiliza su mismo paradigma, y por tanto tiene una fuerza de persuasión mayor.

NOTA: Agradezco enormemente los comentarios sobre una primera versión de Gonzalo Sáenz de Miera y Pablo del Río. Por supuesto, la responsabilidad de todos los posibles errores sigue siendo exclusivamente mía.

ADDENDUM: Un par de comentarios que he recibido que me parecen interesantes:

I think I spotted two flaws in the analysis/ methodology:
1) In calculating the "cost per job created" the author uses the "full present and future cost of the subsidy for the renewables installed" divided by the megawatts, BUT does not include the positive value creation effect by netting the market capitalizations of the businesses created and serving the outside world, such as Iberdrola, Gamesa, etc etc. these positive NPVs are the market's estimate of the value of the equity in the businesses which Spain has created through such subsidy leadership. These in part reflect the value of non Spanish assets created by jobs and expertise resident in Spain. This must be a counter balance, and when I did the calculation (prior to the crisis admittedly) the sum of the value of the Spanish renewables players was over Euro 7bn (a figure remarkably similar to the Govt subsidy to date).
2) In estimating an "overcost" for the renewable power, the author by definition has over estimated this figure, as the pool price does not adequately reflect the total free float cost of energy in Spain as (apart from it not being real due to costs of transition and other hidden factors) the renewable subsidy, which by his own admission is significant, is not in the median pool price. The assumption being that we have an option and that option is 0 renewables and 100% fossil/ nuclear

Iniciado por Ivers0n

Pinchazo, no te tomes demasiado en serio a esta gente