El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, abandonó la Junta de Andalucía tras 19 años al frente de esta autonomía al poco tiempo de presidir un Consejo de Gobierno que aprobó un incentivo de casi 10,1 millones de euros a una empresa de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra. Según expertos jurídicos, esto podría constituir una violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos aprobada por el Parlamento autonómico andaluz durante la pasada legislatura.

Fue el día 20 de enero cuando el Gobierno de la Junta se reunió bajo la presidencia de Manuel Chaves para aprobar (a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) un incentivo de 10.093.472,70 euros a la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa). La subvención se adoptó para financiar su proyecto de construcción de una planta de tratamiento mineral en Huelva, concretamente en el término municipal de Almonaster la Real.

Según consta en el correspondiente expediente administrativo, la Agencia IDEA dio luz verde a esta multimillonaria ayuda el pasado 13 de enero, una semana antes de ser ratificada por el Ejecutivo. Cuando dicho expediente llegó al Consejo de Gobierno, la carpeta contenía una escritura de apoderamiento a favor de la hija de Chaves fechada el 14 de enero, un día después de que el órgano decisorio hubiera acordado la subvención.

Sin embargo, según consta en el Registro Mercantil de Huelva, el apoderamiento en favor de Paula Chaves Iborra se inscribió dos meses antes, en concreto, el 12 de noviembre de 2008. Entre otras atribuciones, su responsabilidad le permitía "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la Comunidad Autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes", aparte de "solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o transmitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases".

Se da la circunstancia de que, hasta ese 12 de noviembre, la subvención autonómica que se barajaba para el proyecto minero de Matsa era bastante menos sustanciosa de la que ratificó finalmente el Gobierno de Manuel Chaves. En concreto, hubo dos propuestas de incentivo de la comisión de valoración de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación en Huelva, fechadas consecutivamente el 4 y el 5 de noviembre, que no superaban los siete millones de euros (ambas se quedaban en 6.931.780,20 euros).

Es después de que se eleven a escritura pública los poderes plenipotenciarios de Paula Chaves Iborra en Matsa cuando se produce una tercera propuesta de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, que aumenta notoriamente la cantidad subvencionable, en concreto en más de tres millones de euros, hasta rozar los 10,1 millones. Ésa es la cifra que ratificó definitivamente el Gobierno andaluz el pasado 20 de enero en un acta viene rubricada por el entonces presidente Chaves.

Según expertos jurídicos consultados por EL MUNDO, la firma del ex jefe del Gobierno autonómico no debiera figurar en ese documento porque, como alto cargo andaluz, estaba obligado a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido, o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil, conforme al artículo 7 a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

En principio, sí parece que un asunto como éste obligaba a Chaves a excluirse de la decisión, y sin embargo presidió la reunión y no tuvo el menor inconveniente en firmar el acta de la sesión en la que se ratificó la ayuda.

La empresa Matsa cuenta con un capital social de 59,6 millones de euros. El 100% de sus acciones pertenece a la firma de capital canadiense Iberian Mineral Corporation desde 2005, coincidiendo con la cancelación de la suspensión de pagos en que estaba inmersa desde junio de 2003. En Huelva prevé extraer más de 20 millones de toneladas de mineral en 12 años, sobre todo, cobre, plomo, zinc y plata.

Curiosamente, Chaves participó, en su calidad de presidente de la Junta, en la inauguración de la propia mina el 7 de noviembre de 2007, felicitándose de que la reapertura supondría la creación de 280 empleos directos y en torno a 1.300 indirectos (de los que dijo que se pretendía cubrir con gente de la zona hasta el 75%) y resaltando que la viabilidad del proyecto respondía a que "las cosas se están haciendo bien, con seriedad y rigurosidad".