La economía sumergida crece con la crisis al 19,5% del PIB

Entre 12 y 15 millones de personas realizan en España trabajos que no se declaran

Existe un tabú contable en los gobiernos de los países desarrollados y en especial en del español, que se llama economía sumergida. Es esa proporción de la actividad económica que no se declara y oficialmente no existe pero que en la Europa mediterránea (España, Italia y Grecia) se sabe que supone entre una cuarta o una quinta parte de la riqueza nacional. Negar esta evidencia no evitará que, a causa de la crisis, el tamaño de estos agujeros negros económicos aumente, según diversos estudios internacionales.

El catedrático de la Universidad de Linz (Austria) Friedrich Schneider, el único que ha creado una metodología aceptada en todo el mundo académico para calcular el tamaño de la economía sumergida, cree que la crisis provocará un aumento de, al menos, el 5% de la actividad no declarada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ahora, prevé que la economía española oculta pase de suponer en 2008 el 18,7% del PIB al 19,5% en 2009, es decir, crecerá 4,3 puntos. Eso supone que se generarán cerca de 210.000 millones de euros que no estarán contabilizados en ningún sitio, pero que, de alguna forma, contribuirán a dinamizar la economía.

15 millones de personas

Según Schneider, los perceptores de este dinero negro en España son entre 12 y 15 millones de trabajadores que están en la economía sumergida. Esta cifra incluye a los que, aunque tienen un empleo con contrato legal, también dedican entre 10 y 15 horas semanales a trabajos no declarados.

En general, el repunte que se producirá en 2009 supondrá para muchas economías regresar a unos niveles de fraude que habían logrado recortar con esfuerzo tras la crisis de 1993. Según los cálculos de Schneider, entre 1989 y 1990, España tuvo una de sus menores tasas de economía sumergida, un 16%, que repuntó después de la crisis hasta el 22,4% en los años 1994y 1995.

El nivel más alto de fraude se habría alcanzado a finales de la década de los 90, en un 23%, una cifra comunmente barajada por los expertos para cifrar el tamaño del reverso tenebroso económicoen el país.

Cualquiera de estas cifras son orientativas, porque el Gobierno nunca ha realizado oficialmente un estudio y porque en el caso del modelo del profesor Schneider se aplica igual a todas las economías, sin distinguir sus particularidades.

Además de la sustracción de ingresos al Estado, el principal peligro que implica el paso a la economía sumergida de una pyme o un autónomo (que dejan de pagar impuestos) es la dificultad de volver a la legalidad. El profesor Antonio Argandoña del IESE Business School explica: "Es muy difícil volver a aflorar un negocio porque se corre el riesgo de que te pregunten qué ha pasado con la actividad anterior".
Como corrobora el portavoz de los inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, lo primero que hace una empresa en crisis es pagar menos a Hacienda y poner por delante al resto de los acreedores, incluidos los empleados.

El paso al empleo informal es otra parte muy bien definida del ciclo de la economía sumergida. Según el analista de la OCDE, Juan Ramón De Laiglesia, en el arranque de las crisis el primer empleo que se destruye es, precisamente, el informal ya que no tiene ningún coste añadido para el empleador. Cuando se va deteriorando la actividad económica, se empieza a destruir el empleo formal y, al cabo de un tiempo, estos parados pasan a la economía sumergida. Cuanto más tiempo permanecen estos trabajadores en la economía oculta, menos probabilidad tienen de lograr un empleo con contrato. Su ocupación en negro les hace aparecer como desempleados parados, lo que dispara las estadísticas de paro.

Estructura laboral

La OCDE y Bruselas (que calculó en 2006 que el 12,3% del empleo en España era informal) achacan a la estructura del mercado laboral español la alta tasa de empleo irregular. La alta temporalidad está muy ligada a la economía sumergida que prolifera en sectores arraigados en España: la construcción y la hostelería. También se presupone una correlación con la inmigración.