Secuestrar al jefe, nueva moda contra la crisis en Francia

Secuestrar al jefe se está convirtiendo en una preocupante costumbre de los trabajadores franceses que corren el peligro de perder sus puestos de trabajo por la crisis actual.

El último episodio, el secuestro de cuatro directivos desde el martes por la tarde y aún en curso de una empresa del este del país que cerrará en los próximos meses dejando en la calle a unos 60 empleados, ha hecho levantar la voz al jefe del Estado, Nicolas Sarkozy, ante la extensión de una preocupante práctica que pone de manifiesto un alto malestar social y un creciente aumento de la tensión ante las dificultades económicas que viven los trabajadores franceses.

El secuestro de los cuatro directivos de una empresa que fabrica adhesivos industriales, especialmente usados en la industria automovilística, es el último episodio de un fenómeno que comenzó en enero, con el secuestro del presidente y director general de la filial de la multinacional Sony en Francia.

Después le tocó el turno al director del fabricante de neumáticos Continental, en proceso de cerrar una de sus principales fábricas en el noroeste de Francia: el directivo tuvo que poner pies en polvorosa tras ser acogido por sus empleados con una lluvia de huevos un día de febrero.

Desde entonces, varios han sido los jefes de fábricas y empresas francesas afectadas por la crisis hasta el punto de que algunas de ellas cerrarán sus puertas en los próximos meses que han sido "retenidos" durante varias horas o incluso días por grupos de empleados encolerizados y deseosos de que su golpe "de fuerza" pudiese influenciar las negociaciones sindicales sobre el futuro de sus empresas y atraer la atención pública sobre sus dificultades económicas.

Incluso el multimillonario Francois-Henri Pinault, propietario del potente grupo PPR, vio como un grupo de enfadados empleados lo paralizaron durante varias horas el taxi en el que llegaba a la sede parisina del grupo, hace una semana.

Los secuestros de los jefes, por el momento, han sido solo "espectaculares", han desencadenado la atención de la prensa pero no han dado lugar a violencia alguna.
La intervención del Estado

Si en el primero de casos, en el del jefe de Sony Francia, Sarkozy salió inmediatamente al paso y prometió a los empleados de la empresa que sus directivos y el propio gobierno intentarían evitar toda supresión de empleos y resolver los problemas económicos del grupo, ayer, martes, el presidente frances cambió de tono.

Y así, ante un fenómeno que preocupa cada vez más también a la policía- ante el temor de que, el aumento de la tensión degenere en violencia abierta-, Sarkozy echó mano el martes de ese proverbial actuar "en primera persona" para poner fin a los secuestros de jefes.

"¿Qué es esta historia de secuestrar a la gente? Estamos en un Estado de derecho. No dejaré hacer cosas así", reiteró el presidente francés, que fue ministro del Interior durante las revueltas en las periferias desfavorecidas del invierno de 2005.

"En un Estado de derecho, se debe respetar la ley. Se puede entender la cólera de la gente, que calmaremos con respuestas y resultados, pero no empeorando las cosas con actos contrarios a la Ley", advirtió Sarkozy al admitir que, si bien "algunos comportamientos de algunos empresarios son inadmisibles, la inmensa mayoría de los directivos sufre la crisis y se comporta formidablemente bien".

Pese a las palabras del presidente francés, algunos sociólogos como Jean-Michel Denis han confesado en la prensa francesa su temor ante la nueva moda de presión porque "no se puede excluir una extensión de esta radicalización en un futuro próximo".
La opinión pública

La crisis y las dificultades económicas hacen mella en el francés medio. Y así, la opinión pública se encuentra dividida frente al fenómeno, según un sondeo publicado recientemente por la prensa. De esa encuesta se desprende que un 50% de franceses juzgan los secuestros de directivos "no aceptables" frente a un 45% que los consideran "aceptables".

Otro sondeo publicado el martes por el sitio Internet de la revista Paris Match señala que un 63% de franceses "comprende pero no aprueba" ese tipo de acción, frente a un 30% que la aprueba y un 7% que lo "condena" abiertamente.

Por su parte, los "secuestradores" afirman que sus actos son espontáneos, no premeditados y sólo guiados por "la total desesperación"." Hace unos meses nunca se hubiera imaginado algo así porque la gente aún tenía la esperanza de conservar su empleo", explicó al diario Le Figaro uno de los trabajadores que participaron en el secuestro del director de Sony Francia.

"Lo decidimos sin consultar a los sindicatos porque pensamos que era lo único que nos quedaba por hacer", contó por su parte un obrero que trabaja en la fábrica de Continental "desde hace 30 años" y totalmente desesperado porque su fábrica "cerrará en una región económicamente destruida y en la que no hay trabajo para nuestros hijos".

Para los empresarios, mientras tanto, las acciones de sus empleados son "teatrales", a veces "manipuladas por ciertas organizaciones extremistas" y con el único propósito de "atraer la atención de los medios".

Asimismo, tanto directivos como expertos en conflictos sociales coinciden en que esos secuestros de jefes están fuera del control de las grandes organizaciones sindicales que, por su parte, y por temor a perder su control sobre la masa laboral, se ven obligadas a mostrarse "comprensivas" con los "secuestradores".

"Creo que esas acciones deberían preocupar a los grandes sindicatos porque ponen de manifiesto su incapacidad a regular y canalizar el descontento", según el sociólogo Denis.

Por su parte, los sindicatos se han limitado hasta ahora a calificar los secuestros de jefes de acciones "legítimas" o "inevitables", causados por "reacciones de exasperación".

En todo caso, las duras palabras de Sarkozy hacen preveer que la falta de denuncias por parte de los jefes secuestrados y, por consiguiente, la falta de condenas penales para los autores de los secuestros, podría cambiar muy próximamente.

Hasta ahora ha prevalecido un espíritu de pacificación. Y los empresarios no han querido empeorar el descontento social ante la pérdida de puestos de trabajo causada por la crisis con sus denuncias.

Pero la ampliación de un fenómeno que se está conviertiendo en modo ya ha llevado a los responsables judiciales a advertir que todo aquel que retenga a una persona contra su voluntad durante menos de una semana puede ser condenado a entre cinco y veinte años de cárcel.

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¿Esto se podría considerar I+D+I?

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