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Nutriéndome con lágrimas de muy de derechas....
interviu - portadaAl Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional no le falta de nada. Por el despacho del magistrado Ismael Moreno pasan etarras, islamistas radicales, representantes del Tíbet, controladores aéreos por los vuelos de la CIA y ahora también altos ejecutivos de la mayor empresa auditora del mundo. Al menos siete socios-directivos de la firma PricewaterhouseCoopers en España han declarado ya –el último, hace dos semanas– ante el juez, acusados de presuntos delitos fiscales.
Y no serán los únicos. La denuncia en la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los presuntos defraudadores serían todos los socios-directivos que había entre 2002 y 2003 en la división española de Pricewaterhouse. También se investiga a las esposas de los ejecutivos, las casadas en régimen de gananciales, que supuestamente también se beneficiaron de los presuntos delitos.
PricewaterhouseCoopers es la compañía auditora más importante del mundo. Tiene 146.000 empleados en 149 países; 2.800 en las 21 oficinas abiertas en España, según datos de la empresa. Es la que, por ejemplo, da fe de la limpieza de las votaciones para los Oscar de Hollywood. En nuestro país, revisa cuentas y asesora en el pago de impuestos y toda clase de materias legales a empresas y sociedades como Telefónica, Repsol, Ford, el Real Madrid, Banesto –tres de cada cuatro grandes empresas españolas son clientes suyos– y también colabora con empresas públicas y gobiernos. Tras su última audiencia con el Rey, en 2007, se publicó que es además la firma con mejor reputación de su sector. Es decir, PwC es la empresa cuyas firmas y recomendaciones sobre la salud de tal o cual empresa todo el mundo da por buenos. Son los garantes, revisores y vigilantes de que los motores económicos españoles cumplen la ley y ofrecen datos fiables sobre su estado.
La investigación en la Audiencia Nacional arrancó a finales de 2007 tras una denuncia de la Agencia Tributaria, que trasladó a la fiscalía lo que entendía como posibles delitos fiscales. La fiscalía considera que los más de 81 millones de euros percibidos por los directivos para compensar la venta de la división de consultoría tenían que haber sido declarados en el IRPF como rendimientos de trabajo. Los ejecutivos no lo hicieron así. Y por otro lado, la fiscalía también pone bajo sospecha la compleja operación societaria que realizaron los denunciados –previa a la venta de la consultora a IBM– sólo para lograr ventajas fiscales. Según fuentes judiciales, la cantidad total de la que no se dio cuenta al fisco rondaría los 200 millones de euros.
La instrucción va lenta. Hasta el momento han declarado , entre otros –acompañados por sus letrados y en calidad de denunciados–, el entonces presidente de PwC Miguel Ángel Fernández de Pinedo López –hoy jubilado–; su sucesor, José Luis Madariaga Gandarias –que abandonó la firma en 2006–, y Miguel Cruz Amorós, presidente de la Fundación PwC y ex alto cargo en el Ministerio de Hacienda (ver recuadro). Según fuentes judiciales, el juez ha ordenado comisiones rogatorias para conocer los detalles de la operación económica que está en la base de la denuncia: la venta de la división de consultoría de la empresa PwC a la multinacional IBM, que pagó por ella en todo el mundo 3.500 millones de dólares en 2002.
En esencia, los más de cien directivos y socios de PwC, incluyendo su entonces presidente, Miguel Ángel Fernández de Pinedo; su sucesor, José Luis Madariaga; y Carlos Mas Ivars –el actual– recibieron cantidades millonarias por la venta de esa sociedad que ni la empresa PwC declaró correctamente a Hacienda, ni a ellos tampoco les retuvo el porcentaje correspondiente en cada nómina o reparto de dividendos; ni, tampoco, ellos lo reflejaron luego en sus declaraciones de IRPF. Para no pagar realizaron presuntamente operaciones artificiales, según la denuncia.
Fuentes de PricewaterhouseCoopers confirmaron que siete de sus ejecutivos han pasado ya por la Audiencia Nacional y añadieron que “no sabemos nada de una acusación contra las esposas de los directivos”. La tesis de los abogados de Price es muy diferente. Califican la venta como una reestructuración realizada por “motivos económicos válidos”, algo que según la legislación española “cumple todos los requisitos de neutralidad fiscal” y queda por tanto libre de pago de impuestos. Insisten en que la operación se comunicó a Hacienda y que no hay nada ilegal en ella.
En cambio, fuentes de Hacienda indicaron a esta revista que “no existió tal escisión financiera, ni motivos económicos válidos, porque no hubo ningún tercer implicado. La empresa que se iba a vender estaba en manos de los socios de PwC y siguió en sus manos hasta la venta”. Fuentes oficiales de Pricewaterhouse aseguraron que toda la operación mercantil “fue absolutamente real con el objetivo de ordenar la estructura de la firma y así poder vender una parte a IBM o a quien fuese. La reestructuración societaria fue consultada previamente con las autoridades fiscales”.
Los directivos de Price creen que todo es fruto de la venganza de un ex alto cargo, quien tras su salida de la firma en 2001 “no aceptó la cantidad reconocida por el arbitraje” y recibió menos dinero como indemnización del que reclamaba.
Sea como fuere, entre octubre de 2002 y octubre de 2003, Pricewaterhouse pagó a directivos y socios distintas cantidades por esa venta, en total casi 82 millones de euros. Entre los beneficiarios, y siempre según los datos de la denuncia, estuvieron el presidente Fernández de Pinedo; su sucesor, Madariaga –cada uno de ellos recibió más de dos millones de euros–; y el entonces sólo socio y actual presidente de la firma, Carlos Mas Ivars –recibió más de 250.000 euros–. Junto a ellos, figuran en la acusación más de cien socios directivos. Son la práctica totalidad de la cúpula de PwC en España: abogados, economistas y profesores en distintas universidades y escuelas de negocios: el jefe de la división jurídica, Juan Ramón Ramos –recibió más de 400.000 euros según la denuncia–; el socio responsable de la división de auditoría, Manel Valls –más de un millón–; el socio de operaciones de PwC en España, Siro Arias –millón y medio–, y el responsable de capital humano y miembro de la ejecutiva europea, Jesús Díaz de la Hoz –1,3 millones–. Éste último compareció en el Congreso de los Diputados el 20 de septiembre de 2005 para hablar de la responsabilidad social de las empresas.
También cobraron, y supuestamente no pagaron los impuestos debidos, el presidente de la Fundación PwC, Ramón Casals, que recibió 1,2 millones, según la denuncia. Y el socio Miguel Alfocea Martí –un millón de euros–, que además de auditor fue directivo del RCD Espanyol de fútbol.
Muchos de los investigados son personajes de la alta sociedad vasca y catalana. Entre ellos figura Fidel Bustingorri Goitia, que en la época de la venta a IBM era socio de auditoría de Price. Como socio del País Vasco participó en el fichaje del diputado de la Hacienda Foral de Vizcaya y miembro relevante del PNV Javier Urizarbarrena (ver recuadro). Bustingorri es ahora uno de los patronos de la Fundación PwC y profesor del máster de Auditoría en la Universidad de Deusto. Además es tesorero de la Fundación Sabino Arana, creada por nacionalistas vascos y vinculada al PNV, que “pretende enlazar las raíces del mensaje nacionalista con el reto de la modernidad”, según su página web. Los datos en poder del juez indican que habría recibido más de un millón de euros en la operación investigada.
Otra treintena de ejecutivos de Price no cometieron delito porque no habrían defraudado a Hacienda los 120.000 euros mínimos que marca la ley. El más conocido de éstos es Carlos Bellver, asesor fiscal y antiguo inspector de Hacienda del País Vasco. Su nombre salió a la luz tras otra operación de la Audiencia Nacional, en la que el juez Garzón desmanteló una trama de pago de extorsiones a ETA. Durante las pesquisas se registró el despacho de Bellver, que confesó que el dueño del bar Faisán, donde tenían lugar los pagos, le había encargado devolver a España tres millones que tenía ocultos en Liechtenstein. Aún se investiga la procedencia de ese dinero.
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