Una resolución del organismo antifraude fiscal cambia el cometido del personal y centraliza buena parte de los equipos en el control de asalariados y pymes.

Tiempos de recesión; de dificultades económicas; y de fuertes inspecciones fiscales. La reestructuración que acaba de lanzar la Agencia Tributaria puede convertirse en un motivo de preocupación para un buen número de contribuyentes. Pero, además, no de grandes empresas, sino de contribuyentes con rentas hasta 4 millones de euros, y de negocios de reducida dimensión.

Un resolución de la Agencia Tributaria fechada el 26 de noviembre se ha encargado de la reestructuración del funcionamiento de los equipos encargados del control del fraude fiscal. Y lo ha hecho de la siguiente manera: hasta el momento el personal total centrado en labores directas de control de los contribuyentes rondaba unas 3.500 personas, según los datos de la Agencia Tributaria. De ellos, unos 1.000 son inspectores y 2.371 son lo que se conoce como técnicos de Hacienda (subinspectores).

De este último grupo, 1.058 se centraban en investigar operaciones superiores a 3 millones de euros, es decir, que tenían las puertas abiertas a grandes empresas y contribuyentes de ingresos muy elevados. Los 1.313 restantes quedaban fuera de esta labor.

Más de 1.000 profesionales que controlaban grandes casos se centrarán en pymes

Pues bien, a partir de ahora, los profesionales denominados técnicos de Hacienda tendrán que concentrarse en desarrollar “actuaciones inspectoras que no revistan especial dificultad [...] que se refieren a obligados tributarios que no desarrollen actividades económicas o a obligados tributarios que, desarrollando este tipo de actividades, su cifra de negocios o, en su defecto, el volumen anual de operaciones declarado en cualesquiera de los ejercicios comprobados no supere 4.000.000 euros, tratándose de actuaciones [de control fiscal] de alcance general, o de 5.700.000 euros, tratándose de actuaciones de alcance parcial [inspecciones de asuntos más específicos]”.

De este modo, “si todos los Técnicos de Hacienda se van a centrar exclusivamente en estos contribuyentes pequeños, entre los que están las pymes más reducidas, autónomos y asalariados, el total de personas que quedan disponibles para inspeccionar a los grandes contribuyentes se reduce notablemente”, señala José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha.

Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria, organismo presidido por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y dirigido por Luis Pedroche, confirman la remodelación y señalan que, aunque pueda parecer paradójico, la resolución permitirá una mejor persecución de las formas “más complejas y sofisticadas” de fraude fiscal.

Desde los sindicatos añaden un último dato. Los profesionales de la Inspección perciben una parte de su salario, que puede situarse en un máximo de entre un 15% y un 20%, ligado a una paga de productividad.

La Agencia Tributaria asegura que el cambio lo hace para perseguir el fraude más sofisticado

Esta paga se cobra en la medida en que se logran determinados objetivos de detección de fraude. Así, al centrar ahora más equipos exclusivamente en el seguimiento de contribuyentes de menores ingresos, el logro de esa productividad debería girar en un estrechamiento del cerco sobre el fraude de ese grupo de contribuyentes.

Junto a las inspecciones comunes, dentro de este colectivo la Agencia Tributaria prestará atención “prioritaria” a emisores y receptores de facturas falsas, de las que se hará un análisis individualizado. Un control que será especialmente fuerte para quienes tributen en régimen de estimación objetiva, los denominados módulos, donde el fraude se penalizará con más “represión”, según el plan de actuación de la Agencia de 2009.

Las claves
Objetivos
La Agencia Tributaria realiza más de cuatro millones de actuaciones de inspección a pymes y asalariados de menor renta, lo que supone un cumplimiento de objetivos de casi el 120%, en un área de control para el que ahora se multiplican los efectivos. Sin embargo, las inspecciones a grandes empresas no llegan a 125.000.

Más fraude
El ritmo de contribuyentes inspeccionados cada año crece a tasas superiores al 30%, según la última memoria de la Agencia Tributaria. Esta cifra subirá en 2009 ya que Hacienda alerta de que la recesión ecónomica de España “conllevará un cambio en las conductas fiscales de muchos sujetos, lo que requiere actuaciones que anticipen los riesgos fiscales que la nueva coyuntura y que las más recientes novedades legislativas puedan conllevar”.