La Xunta sanciona con 3,7 millones a una promotora por cobrar sobreprecios

El Instituto Gallego de Vivenda y Suelo (IGVS), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 3,7 millones a la empresa Construcuatro por el supuesto cobro de sobreprecios en 62 viviendas de protección oficial pertenecientes a una promoción urbanística del barrio vigués de Navia. El despacho de abogados pontevedrés que defiende a los compradores afectados anunció ayer la resolución inicial de la administración, que establece una multa de 2.470.002,02 euros y la devolución a los afectados de una partida de 1.235.000,01 euros. Las partes pueden ahora alegar esta propuesta inicial del IGVS, que será firme en aproximadamente el plazo de un mes.
La resolución, que se basa en el informe de un técnico de Hacienda, apunta como responsable directo del cobro de sobrepecios en 62 viviendas a Construcuatro, propiedad de tres socios, entre los que se encuentra el candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín. Además, el documento apunta como responsables subsidiarios a dos de ellos, José Manuel Torres y Eugenio Sobral, ya que «firmaron la venta de esos pisos». Ni Construcuatro ni estos últimos podrán efectuar promociones de vivienda protegida en un plazo de seis años.
En rueda de prensa, Salceda afirmó que la sanción a Construcuatro «se corresponde» con lo establecido por la legislación y dijo que «poco van a poder alegar con relación a las cuantías, por ser la mínima que establece la ley». También añadió que los sobreprecios, que afectaron a una treintena de compradores, oscilaban entre los 12.000 y los 35.000 euros. «Los hechos que denunciamos en su día han sido plasmados en propuesta de resolución por la administración, lo que quiere decir que eran ciertos», apuntó el abogado.
Antonio Salceda, portavoz del bufete que defiende a los compradores, explicó a ABC que la resolución no incluye otros 25 pisos «en los que no se pudo demostrar la existencia de sobreprecios» y califica a Construcuatro de «responsable directo» de las supuestas irregularidades. La explicación de la firma sobre los supuestos cobros irregulares no fue atendida, según el abogado, «porque alegaron que la ley no recoge como infracción cobrar una cantidad adicional» por un piso. Pero las mejoras en las viviendas a las que apuntaba la empresa como justificación de la partida extra ni existieron, ni fueron cobradas a todos los propietarios, lo que el letrado considera en contra de toda la jurisprudencia emitida a través de las sentencias del Tribunal Supremo.
Telmo Martín salió ayer al paso de la comunicación de la resolución, en la que no figura como responsable, aduciendo que él es «un socio como ellos dos, pero quien es responsable aquí es la empresa en sí». «Si no me citan supongo que es porque yo no fui llamado a declarar al juzgado en su momento», indicaba. También avanzó que Construcuatro no desdeñará emprender medidas legales. Salceda calificó de «humo» las palabras de Martín asegurando que la promotora recurrirá a los tribunales para dar marcha atrás a la propuesta de sanción de la Xunta.
Cobrar, en tres años
Tras la comunicación a las partes, los interesados tienen ahora un plazo de 15 días para formular alegaciones ante el IGVS. Tras recibirlas, el organismo público podrá abrir diligencias complementarias. En un plazo de un mes, aproximadamente, la resolución de sanción administrativa será firme. Una vez el expediente alcance este estado, Construcuatro podría ya acudir a la vía judicial en el ámbito contencioso-administrativo, como ha adelantado. Según el bufete de los compradores, si esto sucede, podrían pasar alrededor de tres años hasta que la empresa, de no atender sus reclamaciones el juez, abone las cantidades notificadas.