La Xunta pide dinero a Vilagarcía para desviar el río que atraviesa un garaje

Augas de Galicia sanciona con apenas 4.500 euros al promotor del edificio cuya reforma exige 1,1 millones

Serxio González 22/4/2010

Aunque el disparate urbanístico fue cometido hace once años, fue en noviembre del 2006 cuando la insólita irregularidad ganó fama y conocimiento público, al hilo de las inundaciones que entonces asolaron el centro de Vilagarcía. El desbordamiento del río de O Con desveló que en la capital arousana existe un garaje cruzado por un afluente que el promotor del edificio canalizó a cielo abierto, a través de una especie de acequia. A tanto llega el dislate que sobre el regato opera una servidumbre que faculta a cualquier pescador federado a echar una tanza bajo tierra, entre tubos de escape, y probar suerte.

Cada vez que llueve en condiciones, y este invierno ha sido generoso en precipitaciones, los 150 propietarios de las plazas de aparcamiento sudan frío pensando en los daños que pueden sufrir sus vehículos. Su pelea por lograr una solución los ha llevado a tocar todas las puertas. La Xunta ha dado, al fin, con una fórmula, pero su propuesta, lejos de calmar los ánimos, alimenta aún más la polémica.

El viernes pasado, la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez, remitió un comunicado al Concello de Vilagarcía. En él informa a la alcaldesa, Dolores García, de que el ente que dirige ha elaborado un proyecto «co obxecto de acadar unha solución técnica viable e resolver esta situación». El «acondicionamento hidráulico dun afluente do río do Con na rúa Rodrigo de Mendoza» tiene un coste: 1.122.746,36 euros. Y, además de solicitar al Ayuntamiento que consiga los terrenos precisos para desarrollar la actuación, la intención de la misiva es sondear «as dispoñibilidades orzamentarias do Concello para concretar un réxime de colaboración axeitado entre a Administración Hidráulica de Galicia e ese Concello, que permita a execución da obra». En otras palabras, pedir la colaboración municipal para sufragar, con dinero público, la resolución a un problema que generó la empresa de un señor particular que construye y vende viviendas, obteniendo un pingüe beneficio por ello.

El escrito de Augas de Galicia contrasta, por una parte, con la postura que el ente autonómico mantenía hace unos meses, en agosto. Fuentes del organismo sostenían entonces que quien debía corregir esta situación era la firma Vicando, promotora del edificio, y recordaban que la empresa jamás solicitó su autorización para intervenir sobre el cauce, tal y como la normativa exige, exista o no una licencia municipal al respecto.

Pero, sobre todo, llama la atención el resultado de la sanción que la Xunta notificó a la compañía en verano del 2008. Augas de Galicia multaba a la promotora con 4.500 euros por la comisión de una falta de carácter leve. Le instaba, además, a reponer la legalidad. Cuestión que difícilmente podría haberse llevado a cabo sin derribar los seis bloques de viviendas, muchas de ellas de promoción oficial, a los que da servicio el garaje. El ente autonómico confirmó esta semana que Vicando pagó la multa en diciembre. Es decir, año y medio después de su imposición. Y que con ello el expediente queda cerrado y la participación de la empresa en este surrealista proceso, zanjada. La diferencia entre esos 4.500 euros y los 1,1 millones que costará solucionar el desaguisado resulta demasiado voluminosa.

El infractor es el presidente de la Cámara de Comercio arousana

Vicando no es una promotora más. Se trata de la empresa de Carlos Oubiña, el presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, que cuenta con todas las papeletas para repetir en el cargo. De los doce grupos en los que se articula la estructura interna de la institución que preside, solo en uno, el correspondiente al pequeño comercio, se han presentado candidatos alternativos a los del equipo que él lidera.

Oubiña nunca ha querido hablar sobre este peculiar proceso, más allá de recordar que disponía de licencia municipal. Según Augas de Galicia, sin embargo, nunca solicitó su autorización.

Entretanto, los propietarios de las 150 plazas de aparcamiento y los siete trasteros en los que se divide el garaje en cuestión están desesperados. Han sufrido numerosas inundaciones y cuantiosos daños. Ante sus reclamaciones, el ente autonómico ha llegado a afirmar que ninguna obra sería autorizable «xa que o dominio público hidráulico é publico, e polo tanto non pode ser invadido por propiedades privadas». El Concello de Vilagarcía, que en noviembre emitió una declaración plenaria en apoyo a los afectados, no discute que se dé una solución sin más demora a cuenta del erario. Pero sostiene que debe ser la Xunta la que lo haga, exigiendo una fórmula para que la firma infractora reintegre finalmente la inversión.