Este artículo creo que nos hará reflexionar.
ESPAÑA | Ocho claves para entender la huelga general del 20-J Ocho claves para entender la huelga general del 20-J
(del 2002)
Sindicatos y Gobierno intentan atraerse a los indecisos en la recta final del primer gran conflicto social del PP
CARLOS SEGOVIA
MADRID. A escasos días de la primera huelga general que afronta el Partido Popular desde su llegada al poder, el Gobierno y los sindicatos intensifican su campaña para que los ciudadanos se alineen con sus tesis el 20-J.
¿Por qué la huelga general?
Según el Gobierno, porque el secretario general de UGT, Cándido Méndez, llevaba meses asegurando que no dejaría que Aznar abandonara La Moncloa sin una huelga general, después de que Felipe González afrontara cuatro cuando estuvo en el poder. Según Aznar, la huelga es, por tanto, «política» y además pone en peligro la recuperación económica de España que espera volver a crear a empleo a buen ritmo en la segunda mitad del año.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, recibió en su ordenador, por error o chivatazo,
un correo electrónico de CCOO enviado a funcionarios del Ministerio de Trabajo en el que se recordaba, para hacer huelga, el Plan Hidrológico Nacional o la reforma educativa.
Según los sindicatos, el problema es que la mayoría absoluta ha llevado a Aznar a abandonar la táctica de diálogo social de los últimos seis años y creen que las medidas, aprobadas en forma de decretazo, son la mayor agresión a los trabajadores desde que el PP está en el poder. El secretario general de CCOO, José María Fidalgo, asegura que ya el 11 de abril, en la primera reunión, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, le dijo que sabía que no habría acuerdo.
¿Hay fisuras en los distintos frentes?
Hay miembros del Gobierno que critican al aparato económico, especialmente a Rato, por la forma en que se ha llevado este asunto. Aparicio ha llegado a llamar «presidente» por error a Rato en reuniones de la comisión delegada y se le acusa de haber dejado la reforma laboral en manos de Economía. Aparicio lo niega.
En el PSOE también ha habido fisuras en la Ejecutiva entre los más resueltamente partidarios de la huelga y los proclives a una actitud más moderada, sobre todo en víspera de la llegada de jefes de Gobierno socialistas a la Cumbre europea de Sevilla.
En el frente sindical, Fidalgo, que reconoce haber tenido problemas internos de liderazgo, aceptó acudir sin Méndez a una entrevista con Rato el pasado abril, pero no se desmarcó finalmente de la huelga.
¿Por qué ahora la reforma?
En primer lugar, los gobiernos europeos no suelen acometer grandes medidas que puedan provocar enfrentamiento social cuando asumen la presidencia de turno de la Unión Europea.Pero ya en la misma Cumbre de Barcelona del pasado marzo, Rato, destacó la importancia de aplicar cuanto antes en España la filosofía de reformas pactada por los Quince.
En un primer momento Aparicio, aseguró que no entraría en vigor hasta enero de 2003. Pero todo se aceleró. Según el secretario general de Empleo, Juan Chozas, fue porque visto que no se podía negociar no merecía la pena esperar para resolver los problemas de los parados. Aznar no quiso esperar e impulsó el llamado decretazo el pasado 24 de mayo. De ese modo, tendría tiempo para que fuera convalidado en el Congreso de los Diputados antes de la huelga general, y esperaba en el trámite conseguir apoyos de otros grupos.No lo logró.
¿Cuáles son las principales medidas?
Con la nueva regulación, ya no será el parado, sino el Servicio Público de Empleo quien decida qué oferta se puede rechazar; las empresas no tendrán que pagar durante un año las cotizaciones de las mujeres que hayan dado a luz en hasta 24 meses antes; y las empresas tampoco tendrán que pagar todo el sueldo si contratan a un parado mayor de 52 años, porque podrá seguir cobrando el subsidio. Se suprimen los salarios de tramitación y se reforma el subsidio agrario de modo que no habrá nuevas incorporaciones al conocido PER, pero se crean nuevas ayudas al sector en comunidades distintas de Andalucía y Extremadura. Se amplía la llamada renta activa de inserción a personas con discapacidad y mujeres maltratadas.También se modifica el régimen de los trabajadores fijos discontinuos y se fomenta que los contratados temporales que acaban en julio no cobren prestación hasta septiembre.
¿Se abarata el despido?
El Gobierno lo niega y los sindicatos lo aseguran. La polémica se centra en la supresión de los salarios de tramitación. Antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, cuando una persona que perdía su empleo recurría su despido por improcedente, seguía cobrando su salario hasta que el juez decidiera. Los dos primeros meses, esos llamados salarios de tramitación corrían a cargo del empresario. Y, posteriormente, los costeaba el Estado con el argumento de que la empresa no tenía culpa del retraso en la Justicia.
Ahora, el despedido pasa a cobrar automáticamente el paro. Con ello, según el Gobierno, se ve beneficiado porque, si al final el juez decide que el despido es procedente, ha estado ya no sólo cobrando el subsidio, sino que ya ha contado con los servicios del Inem para encontrar otro empleo.
Los sindicatos señalan que la medida recorta la indemnización y, por tanto, abarata el despido en un 67%, puesto que en muchos casos esos dos meses de salarios de tramitación era buena parte de la indemnización a percibir.
¿Se recortan derechos?
El Gobierno lo niega y, sólo admite, la posibilidad indirecta de un perjuicio al 0,05% de los despedidos.Con la supresión de los salarios de tramitación hay personas que dejan de cotizar justo esos dos meses que quizá le faltaban para tener derecho a paro. Pero, según Trabajo, en el año 2001 sólo 150 de 280.000 despedidos se vieron en esa situación.
Los sindicatos no sólo inciden en ese problema, sino en que los fijos discontinuos se van a ver obligados a aceptar contratos temporales para no perder derechos. También ven recorte de derechos en la supresión del PER para nuevos eventuales y en el nuevo papel del Inem.
¿Se rechazarán empleos?
El anterior Gobierno socialista ya estableció que un parado no podía rechazar ni una sola oferta de empleo adecuado, pero no definió a qué se refería, según el actual Ministerio de Trabajo, con lo que la normativa no era operativa 
. Ahora si queda definido de modo que un parado deberá aceptar en su primer año de subsidio un empleo que «se corresponda con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas; en todo caso se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última actividad laboral desempeñada». Y eso en un radio de 30 kilómetros salvo que eso suponga más de dos horas de desplazamiento (ida y vuelta) o un coste superior al 20% del salario.
Así lo dice el Real Decreto. Y todo eso en el primer año de paro, en el segundo, el Servicio Público de Empleo podrá considerar adecuadas ya otras ofertas de empleo que considere pertinentes.El parado podrá rechazar en este proceso hasta tres ofertas del Inem. A la cuarta perderá la prestación.
¿Qué dicen los empresarios?
No les entusiasma la reforma y creen que, dado el conflicto social desatado, podía haber sido al menos más ambiciosa. Un documento preliminar de CEOE califica la reforma de «parcial y limitada», al no abordar también su vieja reivindicación de reducción de cotizaciones sociales, entre otras peticiones.Y considera que hubiera sido preferible «más tiempo» de diálogo.