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Tras una semana de viaje, anunciado en mi columna del pasado viernes 23, la lectura de los principales titulares de la prensa española de los últimos siete días tiene un hilo conductor: la corrupción. No sería difícil para cualquier extraño que aterrizara despistado en nuestro país concluir que, en esencia, España es un país corrupto. ¿En qué medida? La gradación es irrelevante pues se trata de algo intrínsecamente negativo; poco importa, salvo para las clasificaciones internacionales, si es mayor o menor que la de los predios colindantes. Sin embargo, su generalización entre las distintas fuerzas políticas lleva a pensar que se trata de un cáncer que afecta a una gran parte de la clase política, por acción, y a la ciudadanía en general, por omisión. Resulta que ya no quedan otros lados a los que mirar y la peste hedionda de la putrefacción de la acción pública llena nuestras pituitarias con sus asquerosos vahos. No sé de qué nos sorprendemos, la verdad.

La primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ahora?, ¿cuál es el motivo que se esconde detrás de la aparición simultánea de tantos casos distintos? Se ha producido la ruptura del círculo virtuoso de la corrupción. Es esquema de la actividad corrupta pasa necesariamente por un sujeto que corrompe, otro que se deja corromper y una acción que beneficia a ambos. Stricto sensu, la corrupción tiene un contenido esencialmente económico. Sin beneficio, no hay oficio. Mientras a todos nos iba estupendamente, el qué hay de lo mío funcionaba de maravilla. Si lo ponemos en términos financieros, al final corromper no es más que pagar la prima de una opción a cambio de una segura rentabilidad futura.

Sin embargo, cuando el deterioro económico y especialmente inmobiliario se han hecho patentes la relación causa efecto entre el desembolso al corrupto y el resultado favorable de su actuación se ha roto. Los recursos públicos son mucho menos abundantes que en fechas no muy lejanas, por lo que la fiscalización ha aumentado sustancialmente. Además, la propia situación del mercado ha hecho innecesaria la actuación irregular: no hay demanda y la oferta es abundante. El corruptor se ha creído con el derecho entonces de exigir, a quienes se han enriquecido con él desde la acción administrativa, tanto ayudas para resolver su precaria situación, por una parte, como el reembolso de aquellas cantidades que no han servido para cumplir el fin con el que fueron entregadas, por otra. La imposibilidad de atender sus requerimientos ha puesto a los beneficiarios de sus entregas en sus manos. Basta una denuncia anónima bien sustentada documentalmente para ponerlos a los pies del caballo de la Justicia.

Se trata este fenómeno, paradójicamente, de uno de los elementos positivos de esta crisis. Un factor adicional que nos ayuda a comprender la clase de nación que hemos consentido en la década de bonanza que concluyó en la primavera de marzo de 2007. Y que pone de manifiesto la necesidad, tantas veces propugnada desde estas mismas líneas, de revisar a fondo el modelo político vigente en España donde priman los políticos profesionales, que se ganan la vida con ella, frente a profesionales que se incorporan a la política, triunfo flagrante de la mediocridad; de rediseñar la redundante administración local y regional tanto por lo que respecta a su dimensión como por lo que afecta a su financiación; de primar a las personas sobre los partidos; de reforzar los mecanismos de control con la colaboración necesaria de los depositarios de la fe pública.

Aunque quizá el cambio más sustancial se haya de producir en nosotros, sufridos ciudadanos, que tan hipócritamente nos sorprendemos ahora del aluvión de informaciones sobre el particular. Señalaba con anterioridad que, en puridad, la corrupción tiene un contenido económico. Pero no sólo. Un Presidente del Gobierno que evita reconocer públicamente la situación económica del país en busca de un rédito electoral que le perpetúe en el poder es un corruptor y, como tal, participa del Estado de Corrupción. Once millones de votos le contemplan. Unos líderes del principal partido de la oposición que hacen de una entidad financiera campo de batalla de sus propios intereses regionales o nacionales, más allá de lo que sea conveniente para una institución clave en el sistema bancario nacional, también son parte del Estado de Corrupción. Otros diez millones. Y así sucesivamente. Todos somos corruptos. Nos hemos dejado sobornar, pervertir, viciar por una ilusión democrática que esconde bazofia bajo sus alfombras. Así nos va. Es la hora de actuar con nuestro voto para poder escapar de tal calificación. Una acción que, por cierto, no admite demora.

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