En el 1990, gigantes petroleras como British Gas (BG Group) empezaron a trabajar en la zona y descubrieron grandes yacimientos de gas y algo de petróleo. Hasta aquí todo bien si no hubiera surgido un problema irresoluble para los israelíes: que gran parte de aquellas reservas, unos 1,4 billones de pies cúbicos estimados, cuyo valor ascendía a 4 mil millones de dólares estaban localizadas en la Franja de Gaza, y cuya soberanía, según las leyes internacionales, reside en la Autoridad palestina (AP), gobierno debilitado y acosado desde dentro por las fuerzas de la oposición, y desde fuera por el gobierno de Tel Avive y sus aliados. En tal situación AP firmó un acuerdo en 2000 con British Gas para que durante los próximos 25 años explorara sus costas mediterráneas. El pacto estipulaba que la firma británica se llevaría el 60% de los beneficios de la explotación, su socio greco-libanés Consolidated Contractors, el 30%, y a los palestinos, sus verdaderos propietarios legales sólo le correspondería el 10% restante, que además no lo recibirían en dinero, sino que se les depositaba en una cuenta internacional.