Es que yo niego la mayor, esto es, que tenga que haber funcionarios municipales por un lado, de diputaciones por otro, en otro distinto de autonomías y, por último, del estado (¿no me dejado nada, ¿no?).

No, todos los funcionarios deben ser del estado. Así, un policía municipal sería un funcionario del estado que acabaría destinado en un municipio dado tras años de trabajo en distintos puntos de España.

No es sólo una cuestión tan elemental como que a igual trabajo, igual sueldo (con, quizás, las oportunas correcciones al alza o la baja debido a diferencias en el coste de la vida según el lugar de destino). Todos los funcionarios deben ser del estado porque sus sueldos los pagamos entre todos. Todos los funcionarios deben ser del estado porque, además, no veo que un ayuntamiento, autonomía o diputación provincial pueda decidir, sin consultarlo con nadie, a cuántos funcionarios va a contratar (y así hemos llegado al disparate de que según la región de España, el porcentaje de funcionarios sobre el total de trabajadores presenta enormes variaciones). Y, por último, todos los funcionarios deben ser la del estado porque ésta es la única administración que está en condiciones de garantizar procesos de selección mínimamente limpios, a diferencia de autonomías, diputaciones y ayuntamientos donde el poder está más cercano al ciudadano, con las implicaciones negativas que ello tiene (o, como me decían en clase de religión, «Quien evita la tentación, evita el pecado.»).

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