Uno de los rasgos dominantes de la evolución del sector público español en los últimos treinta años ha sido la descentralización del gasto público. Durante este período las Comunidades Autónomas han ido asumiendo progresivamente las competencias reconocidas hasta haber alcanzado prácticamente el techo competencial previsto en los primeros Estatutos de Autonomía.


La evolución del gasto de las Comunidades Autónomas y su participación en el gasto total del sector público administrativo «presenta puntos de inflexión que están conectados con la marcha del proceso de cesión de competencias y servicios» desde la Administración central. El Gráfico 12 muestra la evolución de la descentralización del gasto público entre 1988 y 2005 pudiendo destacarse tres subperíodos:

— Hasta mediados de la década de 1980 se produce el grueso de traspasos (con la excepción importante de los servicios de educación y sanidad para las Comunidades Autónomas de vía lenta). En este período las Comunidades Autónomas alcanzan, en términos agregados, un 20% del gasto público, frente al 45% de la Administración central (por su parte, las Entidades Locales tenían una participación del 10% y la Seguridad Social del 25%).

— En los años siguientes la repercusión presupuestaria de los traspasos es menor. Las Comunidades Autónomas estabilizan su participación en el gasto en torno al 25% a lo largo prácticamente de toda la década de 1990.

— A partir de 1999 se produce, en términos presupuestarios, una segunda gran oleada descentralizadora con el traspaso de la educación y sanidad a las Comunidades Autónomas que todavía no tenían asumidas estas competencias.


Esta evolución lleva a la situación actual: las Comunidades Autónomas gestionan más de la tercera parte del gasto público. Si a ello se suman las Entidades Locales (13%, lo que significa que en los últimos 30 años apenas ha aumentado su participación), resulta que casi la mitad del gasto público es gestionado por las Administraciones territoriales. La Administración central apenas supera el 20%, correspondiendo el 30% restante a la Seguridad Social.

La distribución funcional del gasto público (Gráfico 13) por Administraciones pone claramente de relieve el reparto competencial de nuestro sector público. La Administración central tiene encomendados básicamente la prestación de servicios públicos tradicionales (defensa, servicio exterior, y seguridad ciudadana y administración de justicia de ámbito nacional) y, además, una parte importante de su gasto corresponde a aportaciones a otras administraciones.


Una de las consecuencias del reparto funcional del gasto público es la distinta composición económica del gasto entre Administraciones (Gráfico 14). Como se ha anticipado, la Administración central tiene un importante papel financiador de otras Administraciones públicas. Más del 40% de su gasto son transferencias a otras Administraciones. A ello hay que unir un 6% de gasto adicional en concepto de contribución al presupuesto de la Unión Europea. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el Estado aporta la totalidad de la contribución a la UE, mientras que recibe menos del 20% de los retornos, correspondiendo aproximadamente el 60% a las Comunidades Autónomas (Gráfico 15)


A modo de resumen también resulta interesante destacar dónde se residencia la gestión de cada categoría económica del gasto:

— El 55% de los gastos de funcionamiento (personal y consumos intermedios) de todas las Administraciones públicas corresponde a las Comunidades Autónomas (22% a la Administración central y 22% a las Entidades Locales).
— Las Comunidades Autónomas son también las principales ejecutoras de la inversión pública (43% del total, frente al 30% de la Administración central y un 27% de los Ayuntamientos).

— En cambio, como ya se ha señalado, el 80% de los intereses de la deuda corresponden al Estado, mientras que las prestaciones sociales son gestionadas mayoritariamente por la Seguridad Social.


Uno de los rasgos fundamentales de nuestro sector público es el alto grado de descentralización administrativa alcanzado. Actualmente, la mitad del gasto público es gestionado por las Administraciones territoriales. Tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos tienen una amplia presencia en la oferta de bienes y servicios más próximos al ciudadano, como sanidad y educación en el caso de las Comunidades Autónomas, y seguridad ciudadana, vivienda y servicios comunitarios, actividades culturales y recreativas, servicios sociales, transporte, etc. en las Entidades locales. Desde el punto de vista de la clasificación económica más del 75% de los gastos de funcionamiento y el 70% de la inversión de todas las Administraciones públicas corresponden a las Administraciones territoriales.


La Administración central, además tener encomendados la prestación de servicios públicos tradicionales (defensa, servicio exterior, y seguridad ciudadana y administración de justicia de ámbito nacional), asume un importante papel financiador de otras Administraciones públicas. Además, debe destacarse el mayor peso relativo que tiene la carga financiera de la deuda pública en la Administración central frente a las demás Administraciones, especialmente las Comunidades Autónomas. Ello es debido a que en los procesos de traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas sólo se han transferido los activos, pero no la deuda utilizada para financiar los servicios y funciones transferidos.

A toda esta información hay que unir un dato crucial que el ciudadano no puede dejar de conocer:


- Las competencias activas y de intermediación en empleo están en manos de las Comunidades Autónomas. Fueron transferidas por el gobierno de Jose María Aznar. Las pasivas en manos del Estado.


El INEM no ejerce labores de intermediación, sus competencias se limitan a las políticas pasivas (registro y prestaciones). Las políticas activas son competencia de las CCAA (Sef, Servef, SOC, SAE...). Para cobrar el paro hay que acudir al INEM, para buscar trabajo a la respectiva agencia autonómica.

Entonces....

¿POR QUÉ NO MIRAMOS TAMBIEN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A LA HORA DE REPARTIR RESPONSABILIDAD Y SOLUCIONES PARA LA CRISIS?