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El Gobierno quiere modificar la ley para permitir la fusión entre Cajas de distintas comunidades

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El Gobierno quiere modificar la ley para permitir la fusión entre Cajas de distintas comunidades

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (i), conversa con el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (Efe).

@J. Cacho. - 10/10/2008 06:00h

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El debate lleva tiempo sobre la mesa de los presidentes de las más importantes Cajas de Ahorro españolas. Se trata de introducir las necesarias modificaciones en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA) y en sus trasposiciones autonómicas, para hacer posible las fusiones entre entidades pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. De acuerdo con las fuentes, los cajeros presentes en el encuentro que el presidente del Gobierno apadrinó el pasado lunes en Moncloa: Isidro Fainé, de La Caixa, Miguel Blesa, de Caja Madrid, y Braulio Médel, de Unicaja, plantearon, entre otras muchas cosas, este asunto a Zapatero, al que éste se mostró receptivo.

Más que eso: el presidente del Gobierno aludió en esa reunión a que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía llevan tiempo trabajando en una serie de reformas estructurales a introducir en la Economía española, una de las cuales tiene que ver con la posibilidad de facilitar las fusiones entre Cajas tanto dentro de la misma Comunidad como entre distintas Comunidades Autónomas. De acuerdo con las fuentes, el presidente cito una segunda reforma en marcha no menos importante en el ámbito de las Cajas: la eliminación de la tutela que los Gobiernos autonómicos ejercen sobre los órganos de Gobierno de aquellas entidades de ámbito nacional, caso de La Caixa y Caja Madrid, que pasarían a depender directamente del Banco de España, con el mismo tratamiento que la banca privada.

La cuestión ha saltado a primer plano de actualidad como consecuencia del deterioro de los Balances de algunas Cajas de Ahorro, que en los últimos años han apostado fuerte por las inversiones en el mercado inmobiliario sin el necesario respaldo patrimonial. A finales del pasado mes de agosto, y según datos que maneja la CECA, la patronal del sector, había 13 Cajas con una morosidad que ya superaba el 3,5%, dos de las cuales rebasaban el 8%. En medios oficiales es casi un lugar común la idea de que el Gobierno tendrá que salir en ayuda de alguna de las entidades de menor tamaño -se habla de no más de cinco entidades- que, en general, son precisamente las más afectadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el cierre del crédito.

La idea barajada en el Banco de España es que las cajas grandes, que gozan de mejor solvencia, acudan al rescate de las entidades de menor tamaño que puedan verse involucradas en problemas de solvencia. A tenor de la legislación en vigor, eso es muy posible en Cataluña, donde tiene su sede La Caixa, primera Caja de Ahorros española, o en Andalucía con Unicaja, por poner dos ejemplos, pero no sería posible en aquellas Comunidades Autónomas de menor tamaño donde solo existe una Caja de Ahorros.

Ocurre, sin embargo, que las eventuales fusiones entre Cajas pertenecientes a distintas Comunidades chocan frontalmente con los intereses creados de la casta política dominante en la Comunidad correspondiente. La Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), modificada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, ha servido de base para las distintas trasposiciones que a nivel Autonómico se han realizado, de acuerdo con las competencias transferidas en materia económico-financiera a las Comunidades.

A pesar de que la LORCA es de aplicación global a todas las cajas de ahorros españolas, el Tribunal Constitucional (mediante las sentencias 48 y 49/1988) permitió a los Gobiernos regionales introducir modificaciones que afectan tanto a la composición de los órganos de gobierno (potenciando la representación política de las corporaciones locales y, en particular, introduciendo en los órganos de gobierno a representantes de las propias comunidades autónomas), como al destino de los gastos de la obra social o de las inversiones. Como consecuencia de ello, la mayoría de las comunidades autónomas han incrementado nuevos grupos de interés en representación de los respectivos Parlamentos autonómicos, lo que ha contribuido a configurar un panorama aún más complejo.

Competencias de las CCAA

Entre las competencias que la LORCA adjudica a los gobiernos de las CC.AA. figuran la autorización para la constitución, fusión, disolución o liquidación de Cajas, el control de la actividad crediticia y de gestión, y el desarrollo de funciones inspectoras y sancionadoras. También recogen la información económica de las entidades y autorizan la distribución de beneficios y, en particular, las dotaciones a obras sociales. Así mismo, los Gobiernos autonómicos han de aprobar cualquier cambio en los estatutos y normas de gobierno de las Cajas, existiendo una tendencia creciente a participar activamente en el nombramiento y gestión de sus órganos rectores.

Las distintas Leyes de Cajas de Ahorro autonómicas, reflejo de la LORCA, han sufrido con el paso de los años innumerables reformas, en general tendentes a favorecer los intereses políticos del partido del Gobierno en la Comunidad y los personales del presidente o presidentes de las Cajas de la región. Una fusión entre Cajas de distinto ámbito comunitario obligaría pues a solventar esta maraña de obstáculos legislativos, lo que abocaría al Gobierno central a una negociación política en toda regla con los distintos Gobiernos autonómicos, reacios a perder el poder de la representación “política” en la Asamblea, el Consejo de Administración, y la Comisión de Control de la Caja fusionada.